La apertura del juicio oral contra la exsenadora Jeanine Añez y otros altos funcionarios por los trágicos eventos ocurridos en Senkata en noviembre de 2019 marcará un momento determinante en la historia reciente del país.
Este proceso judicial, calificado como "sin precedentes" por la Procuraduría General del Estado, busca esclarecer los hechos y responsabilidades en torno a uno de los episodios más oscuros de la crisis política que interrumpió más de tres décadas de democracia.
La atención del país, y particularmente de las familias de las víctimas, está puesta en este juicio con la esperanza de que se haga justicia.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) no deja lugar a dudas: durante la crisis de 2019 se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, masacres, actos de racismo y tortura.
Estas conclusiones del GIEI-Bolivia marcan la magnitud de los crímenes que ahora se juzgan y la importancia que el proceso judicial sea riguroso y transparente.
La acusación formal presentada por la Fiscalía, respaldada por un volumen considerable de pruebas —que incluyen cientos de documentos, peritajes y testimonios— grafica la seriedad con la que se ha llevado a cabo la investigación.
La solicitud de la pena máxima de 30 años para los acusados refleja la gravedad de los cargos y las expectativas de justicia que tiene la sociedad boliviana.
Es fundamental que este juicio no solo busque castigar a los responsables, sino que también sirva como un paso hacia la reconciliación nacional.
Bolivia necesita cerrar las heridas del pasado, pero esto solo será posible si se garantiza un proceso justo que respete los derechos de todas las partes involucradas y que, al mismo tiempo, ofrezca respuestas y reparación a las víctimas y sus familias.
El compromiso expresado por la Procuraduría con la justicia, la celeridad y la transparencia es muy importante. Sin embargo, será la conducción misma del juicio y su desenlace lo que determinará si estas promesas se cumplen.
El principio de no repetición, mencionado por las autoridades, debe ser más que una declaración: debe convertirse en una lección aprendida y aplicada en la práctica política y social del país.
Este proceso judicial tiene el potencial de ser un punto de inflexión para Bolivia. Puede establecer un precedente importante en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento del Estado de derecho.
Al mismo tiempo, puede ofrecer una oportunidad para que la sociedad boliviana reflexione sobre los eventos que llevaron a esta tragedia y trabaje en la construcción de un futuro donde tales violaciones a los derechos humanos no tengan cabida.
La justicia que buscan las familias de las víctimas de Senkata no es solo personal, es una demanda de toda una nación que anhela sanar y avanzar.
Y es que todos aquellos que sufrieron durante la crisis de 2019 merecen nada menos que un proceso judicial imparcial y riguroso.
