La iniciativa del presidente Luis Arce de organizar el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia logró un acuerdo necesario entre importantes actores institucionales y políticos con vistas a la estabilidad nacional y las futuras elecciones generales.
Este acuerdo es un reconocimiento tácito al esfuerzo del Gobierno nacional por hallar soluciones de corto y largo plazo a los problemas cruciales, a través del diálogo con diversos sectores para mantener la paz social y la estabilidad económica.
Sin embargo, la derecha tradicional y la nueva derecha, que ignoró la convocatoria presidencial, persisten en sus medidas confrontacionales, el sabotaje político económico, y se niegan a sentarse en busca de consensos.
En todos los contextos y ante diversos desafíos, desde que inició su gestión hace más de cuatro años, el Gobierno demostró su predisposición a la concertación: en la crisis por el Covid-19, ante las divergencias en torno al Censo de Población y Vivienda, en los violentos bloqueos y movilizaciones de cívicos cruceños, primero, y de radicales evistas, después; y también ahora ante la difícil coyuntura económica derivada de la dura herencia de inestabilidad dejada por anteriores gobiernos, y de factores externos como la crisis internacional, la presión inflacionaria y, sobre todo, el sabotaje en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Es así que, preocupado por atender las legítimas demandas y preocupaciones de la población, ahora el Ejecutivo convocó a una cumbre multinivel para tratar los temas más cruciales: la iliquidez de dólares y la consecuente merma en el flujo de combustibles, ocasionada por el boicot en la ALP que no aprueba desde hace meses créditos de financiamiento por más de $us 1.667 millones; a ello se suman la especulación y el agio en diversos eslabones de la cadena de producción-distribución-comercialización de alimentos; los efectos de la crisis climática y los aprestos político-partidarios en torno a la agenda electoral.
El encuentro culminó con una declaración de 12 conclusiones, entre las que se puede destacar cinco temas clave de consenso, que responden a las inquietudes arriba detalladas: que el diálogo debe primar en todo escenario por el bienestar colectivo y de la democracia; que la desestabilización e intento de acortar o prorrogar mandatos atenta contra la democracia; que debe haber una labor coordinada para garantizar las elecciones; que la ALP debe aprobar créditos para atender emergencias y paliar la iliquidez de dólares; y que hay que aunar esfuerzos para lograr la transformación de la justicia.
Esta muestra de responsabilidad con el pueblo boliviano y de vocación democrática —practicada de manera constante en reuniones con organizaciones sociales y representantes de gremios laborales y productivos—, este compromiso de trabajar en unidad y por el bienestar general, más allá de las diferencias políticas, no coinciden —lamentablemente— con el cálculo político de algunos líderes de la oposición que retacearon sus esfuerzos, incumpliendo el mandato que la gente puso en sus manos al conferirles cargos públicos o liderazgo político.
Son días cruciales para el futuro del país, que se apresta a encarar un proceso electoral y democrático. Las señales y evidencias están dadas y con seguridad la sabiduría popular sabrá evaluarlas para dar su veredicto, tanto en las urnas como en las calles, que es donde se configuran y definen los destinos de la patria y de los bolivianos.