En un acto cargado de significado y determinación, el jefe de Estado Luis Arce entregó al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, un anteproyecto crucial: el proyecto de Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.
Este gesto no solo es una respuesta a los recientes y horribles actos de infanticidio y violencia contra la infancia que han sacudido a nuestra sociedad, sino también un firme compromiso con la protección de los derechos fundamentales de nuestros niños y adolescentes.
Bajo la consigna de "Nuestros niños no se tocan", el presidente Arce dejó en claro que la seguridad y el bienestar de nuestra juventud deben estar por encima de cualquier consideración política o ideológica.
Es un mensaje poderoso que resuena en el corazón de cada ciudadano: la protección de nuestros niños es una prioridad inquebrantable.
Los datos alarmantes presentados por la Fiscalía General del Estado revelan una realidad dolorosa y urgente. Entre 2021 y marzo de 2024 se han registrado en el país 120 casos de infanticidio, de los cuales menos de la mitad resultó en condenas. Estas cifras son inaceptables y exigen una acción decidida por parte de nuestras autoridades.
Además, los delitos de abuso sexual, violencia intrafamiliar y otros actos atroces contra la niñez son una mancha oscura en nuestra sociedad. Entre 2020 y 2022 se reportaron más de 5.000 delitos de abuso sexual contra infantes y adolescentes, así como miles de casos de violencia intrafamiliar. Esta es una realidad que no podemos ignorar ni tolerar.
El anteproyecto de ley presentado por el presidente Arce busca endurecer las sanciones contra los agresores y garantizar que estos crímenes no queden impunes. Modificando artículos del Código de Procedimiento Penal y del Código Penal, la propuesta busca establecer la imprescriptibilidad de los delitos y aumentar las penas para aquellos que cometan actos de violencia contra la infancia.
Es imperativo que como sociedad tomemos una postura firme contra la violencia infantil. Esta no es solo una responsabilidad del Gobierno o de las autoridades legislativas, sino de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos una sociedad que condene inequívocamente cualquier forma de violencia contra nuestros niños y adolescentes.
La decisión del presidente Arce de presentar este anteproyecto de ley es un paso valiente y necesario en la dirección correcta. Es un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad, ya que nos insta a unirnos en la protección de los más vulnerables.
Ahora, más que nunca, es el momento de actuar. Exhortamos a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional a reflexionar sobre el valor de este proyecto y a aprobarlo como un homenaje a la niñez boliviana.
No podemos permitir que la impunidad y la indiferencia continúen manchando el futuro de nuestra juventud. Es hora de tomar medidas concretas y significativas para garantizar que nuestros niños y adolescentes crezcan en un entorno seguro y protector.
Es hora de protegerlos con todas nuestras fuerzas y asegurarles un futuro lleno de esperanza y oportunidades.
