El anuncio del gobierno de Rodrigo Paz de realizar una “autopsia” al Estado ha generado un impacto inevitable. La metáfora es dura, pero también honesta. Solo cuando se reconoce la gravedad de una enfermedad puede iniciarse un tratamiento verdadero.
Según los resultados preliminares de esta evaluación institucional, lo encontrado no es simplemente un Estado debilitado, sino uno al borde de la parálisis, con signos de abandono, deformaciones estructurales y una huella alarmante: el posible robo de 15.000 millones de dólares, una cifra que por sí sola configura un diagnóstico estremecedor.
Hablar de “Estado muerto” implica aceptar que la administración pública fue sostenida durante años por inercia e improvisación con indicios de corrupción que drenaron recursos esenciales. La magnitud del daño no se reduce a números en una contabilidad manchada; se traduce en afectación a la inversión pública y en la pérdida de confianza de la población.
Pero una autopsia no concluye en el hallazgo de las causas de muerte. Su valor real está en lo que permite hacer después: reconstruir, corregir y sanar. En ese sentido, el gobierno de Paz ha insistido en que los recursos antes malgastados serán redirigidos a obras públicas y a la revitalización de servicios fundamentales. Este giro representaría un renacimiento institucional largamente postergado que, de hecho, es una exigencia de la ciudadanía que requiere resultados palpables y mecanismos de transparencia.
La búsqueda de un Estado más ágil y eficiente representa un desafío profundo. Implica erradicar prácticas arraigadas, digitalizar procesos, profesionalizar la función pública y establecer controles que no dependan del humor político de turno. Una administración capaz de acompañar los objetivos trazados por el pueblo exige eficiencia administrativa, pero también ética, visión y perseverancia.
Es innegable que el diagnóstico es grave; no obstante, también abre una oportunidad histórica. Ningún país puede proyectar desarrollo cuando su institucionalidad está corroída desde dentro. La “autopsia” estatal, lejos de ser un gesto simbólico, debe constituirse en el punto de partida para un ciclo de reconstrucción que devuelva vitalidad a la gestión pública y confianza a la población.
El gobierno de Paz enfrenta un doble desafío: demostrar que puede reparar lo destruido y que es capaz de construir algo mejor. Y solo observando con claridad las fallas, sin minimizar su gravedad, podrá levantarse un Estado que realmente responda a las necesidades del pueblo boliviano.
