En medio de una de las peores catástrofes naturales que ha enfrentado Bolivia en décadas, el llamado del presidente Luis Arce a la aprobación urgente de créditos internacionales por 350 millones de dólares representa una necesidad administrativa y un imperativo humanitario.
Las declaraciones después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) ponen de relieve una realidad innegable: los recursos actuales son absolutamente insuficientes para enfrentar la magnitud del desastre.
Resulta alarmante que, mientras miles de familias bolivianas enfrentan las consecuencias devastadoras de inundaciones sin precedentes, algunos sectores del Legislativo continúan bloqueando la aprobación de créditos que podrían proporcionar alivio inmediato.
El hecho de que existen aproximadamente 1.600 millones de dólares en créditos internacionales paralizados evidencia una desconexión preocupante entre ciertas facciones políticas y la realidad que vive el pueblo boliviano.
La conmovedora súplica del gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, resume perfectamente la situación: "Aprueben los créditos, ya no por política sino por humanidad".
Con más de 70.000 familias afectadas solo en su departamento, el llamado trasciende cualquier cálculo político para situarse en el ámbito de lo más básico: la solidaridad humana ante el sufrimiento.
Es justo reconocer que el Gobierno nacional ha demostrado capacidad de reacción ante esta emergencia. La convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías para coordinar esfuerzos entre los distintos niveles administrativos evidencia un enfoque colaborativo y descentralizado para enfrentar la crisis.
Las decisiones de priorizar la asistencia a las familias afectadas y facilitar la reprogramación de créditos para sectores productivos golpeados por estos fenómenos naturales son medidas acertadas que abordan tanto lo urgente como lo importante.
Sin embargo, incluso los 75 millones de dólares aprobados recientemente resultan insuficientes ante la magnitud del desastre. La infraestructura dañada, las viviendas destruidas y los cultivos perdidos requieren una inversión sustancial mayor para lograr una recuperación efectiva.
La emergencia climática que enfrenta Bolivia trasciende cualquier diferencia ideológica o partidaria. No es momento de cálculos políticos ni de obstrucciones legislativas.
Los legisladores tienen ahora una responsabilidad histórica: demostrar que su lealtad primordial es con los ciudadanos a quienes representan y no con agendas políticas particulares. La aprobación de estos créditos no debería verse como una victoria del Gobierno, sino como un triunfo de la solidaridad nacional frente a la adversidad.
La naturaleza no distingue entre colores políticos cuando desata su furia.
AEP
