Para entender los procesos económicos y políticos de estos primeros dos meses de 2024 es fundamental reconocer que el diálogo ha desarmado a una oposición desprovista de fundamentos. Esta oposición se sustenta únicamente en el odio y la intención de desmantelar el modelo económico vigente.
Su propósito es imponer medidas destructivas que perjudicarían a la población boliviana y, en consecuencia, impactarían negativamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
En medio del panorama económico y político de Bolivia, surgen interrogantes cruciales: ¿Dónde están esas calificadoras de riesgos que solo buscan conflictos provocados por posturas político-partidarias para reducir calificaciones y tratar de condicionar al país con políticas y modelos económicos importados? ¿Dónde están aquellos actores que, motivados por intereses político-partidarios, parecen desestimar los avances palpables en el desarrollo económico del país? ¿Dónde se hallan esos analistas que, ignorando la realidad, insisten en prever una crisis inminente y promover un mercado especulativo del dólar? ¿Y qué decir de aquellos que aplaudían los bloqueos y las pérdidas millonarias, ahora que el Estado ha demostrado su capacidad para gestionar y dialogar en beneficio de las familias bolivianas y la estabilidad económica?
La sucesión de eventos en el ámbito político incluyó la formación y la exposición de una nueva oposición que empezó a gestarse a mediados del 2022 y cobró fuerza en el 2023. Esta oposición se consolidó con la elección de Rodríguez como presidente del Senado, y finalmente comenzó a implementar su agenda política en el 2024. Este grupo está conformado por los partidos políticos Creemos, Comunidad Ciudadana y los evistas, a los que podría denominarse como un “batiburrillo” o una amalgama desordenada, cuyo único objetivo parece ser la desestabilización activa del país. Sin embargo, el diálogo y la visión centrada en la construcción de nuevas metas propusieron una apertura al sector productivo, tanto privado como público. Esto ha permitirá un crecimiento que beneficiará al país en términos de empleo, inversión privada y como consecuencia un beneficio colateral la llegada de más divisas al país.
Este 2024 comenzó con una acción concreta de desestabilización del país por parte de esta oposición, con influencias liberales que solo les interesa el poder político para beneficiarse y satisfacer sus intereses político-partidarios. Decidieron poner en marcha su agenda para tratar de generar malestar en el país y angustia a través de una serie de artimañas basadas en especulaciones y acciones políticas concretas. Estas acciones crearon un ambiente de incertidumbre en la población. En primer lugar, negaron los créditos de organismos internacionales que ascienden a 880 millones de dólares, los cuales están destinados específicamente a la inversión en infraestructura y programas de desarrollo en las diferentes regiones del país.
Luego, en enero, se inició un bloqueo de caminos bajo la excusa de las elecciones judiciales, las cuales no se llevaron a cabo debido a la dilación por parte de estos malos asambleístas, quienes decidieron posponer el proceso electoral por dos años. Este bloqueo resultó ser la excusa perfecta para perjudicar el aparato productivo y por ende, la economía del país, generando pérdidas de más de 1.000 millones de dólares.
A esto se sumaron especulaciones que provocaron una sobre demanda del dólar. Estos movimientos políticos llevaron a una calificadora de riesgos como Fitch Ratings a rebajar la calificación del país a triple “c”, basándose íntegramente en la situación política e inestabilidad. Además, las Entidades de Intermediación Financiera comenzaron a aumentar sus tasas de transferencias de monedas, llegando a un pico del 30%.
Ante esta coyuntura, el Estado respondió con una visión constructiva y alejada de posturas intransigentes, logrando establecer un diálogo entre los sectores públicos y privados. Esta acción propició la apertura del aparato productivo y un cambio estructural en el comercio exterior del país. Se materializó a través de la firma de 10 acuerdos, que abarcan desde la liberalización de las exportaciones hasta el establecimiento de una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros en el exterior. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) implementó esta banda, fijando los precios entre el 5% y el 10% para las comisiones de transferencias y giros al exterior, para montos superiores a los 1.000 dólares.
Además, el Banco Unión, el principal banco de Bolivia, firmó una corresponsalía con el tercer banco más grande del mundo, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Este hecho demuestra que la multipolaridad financiera, con monedas de reserva como el yuan o renminbi, permite al país no depender exclusivamente del dólar y evitar políticas económicas impuestas por esa moneda.
Para seguir con el cumplimiento de los 10 acuerdos, se implementaron los “bonos en Dólares” emitidos por el Banco Central de Bolivia, los cuales fueron bien recibidos por la población, llegando a más de un millón de dólares en tres días desde su lanzamiento. Este hecho confirma la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y, por ende, en el modelo económico del país.
Todas estas acciones, junto con otras que se están llevando a cabo en el marco de los 10 acuerdos establecidos, han contribuido de tres maneras significativas:
Primero, han ampliado el aparato productivo del país. Segundo, van a generar empleo e inversión tanto del sector privado como público. Y tercero, han contribuido a la reducción del dólar especulativo en el mercado negro, equiparándolo con la cotización oficial.
Esto reafirma que los procesos económicos basados en el diálogo han dejado sin argumentos a una oposición carente de fundamentos, que se basa únicamente en el odio y la destrucción del modelo económico vigente. Su objetivo es imponer procesos destructivos que irían en contra de la población boliviana y, por ende, afectarían el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Pero ahora surgen preguntas concretas: ¿dónde están esas calificadoras de riesgos que buscan conflictos provocados por posturas político-partidarias para reducir calificaciones y tratar de condicionar al país con políticas y modelos importados? ¿Dónde se encuentran esos analistas que parecen pasar por alto los avances del modelo económico y la reestructuración del comercio exterior boliviano? ¿Dónde están aquellos que predecían una crisis para Bolivia y alentaban un mercado especulativo del dólar? ¿Dónde están aquellos que celebraban los bloqueos, las pérdidas millonarias y la especulación, y ahora que el Estado ha dado una lección de gestión y diálogo para beneficiar a las familias bolivianas, proteger el poder adquisitivo de las clases vulnerables y seguir construyendo un país que está transformando su matriz productiva y exportadora?
