El derecho al trabajo y la configuración de la jornada laboral de 40 horas han sido temas centrales en la lucha por la igualdad de género en América Latina ya que las estructuras laborales impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres.
La división sexual del trabajo ha asignado históricamente a las mujeres roles relacionados con el cuidado y las tareas domésticas, mientras que los hombres han predominado en el ámbito laboral remunerado. Esta segregación ha llevado a que las mujeres enfrenten una doble carga: la jornada laboral remunerada y el trabajo de cuidado no remunerado. Magdalena León, en su obra Mujeres y trabajo: cambios impostergables, destaca que esta dualidad limita la participación plena de las mujeres en el mercado laboral y perpetúa desigualdades económicas y sociales, en este orden de ideas los cuidados se convierten en un nudo estructural de la desigualdad.
Estudios sobre el uso del tiempo revelan que, incluso con una jornada laboral de 40 horas, las mujeres dedican una cantidad significativa de tiempo a labores no remuneradas. Eliana Aspiazu y Sabrina Seltzer, en su artículo “El uso del tiempo desde una perspectiva de género”, señalan que esta distribución desigual del tiempo contribuye a la perpetuación de la desigualdad de género en el ámbito laboral y limita las oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres.
La incorporación de la perspectiva de género en el derecho laboral es fundamental para abordar estas desigualdades, es indispensable la implementación de políticas que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado, así como por la creación de mecanismos que promuevan una distribución equitativa de las responsabilidades domésticas y laborales entre hombres y mujeres.
Desde esta perspectiva de análisis, es evidente que el derecho al trabajo y la configuración de la jornada laboral deben ser analizados considerando las desigualdades de género existentes. La reducción de la jornada laboral remunerada sin una redistribución equitativa de las tareas de cuidado puede no ser suficiente para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral. Es imperativo promover políticas integrales que aborden tanto la esfera pública como la privada, reconociendo y valorando todas las formas de trabajo que sostienen la vida y la economía.
Por: Soledad Buendía Herdoíza/
