Una reciente publicación ha lanzado graves acusaciones contra el sistema financiero boliviano, la cual carece de fundamento y busca generar alarma en la población.
El título del artículo reza: “Bancos y ASFI perpetrando tratos crueles, inhumanos y degradantes a los consumidores financieros”. Este tipo de acusaciones, sin argumento alguno y con un evidente sesgo político, busca desestabilizar el país y minar la confianza de los ciudadanos en el sector financiero.
Para comenzar, entendamos que la denuncia realizada por el autor del artículo es muy grave y esta contextualizada en el marco del artículo 2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, que establece lo siguiente: “Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. En este contexto, las autoridades competentes tienen la obligación de investigar a fondo esta denuncia y determinar si existen pruebas suficientes para iniciar los procesos judiciales correspondientes o en su caso, si la carga de prueba carece de acusación, el autor del artículo debería hacerse cargo de las consecuencias legales de sus alegatos.
El artículo en cuestión menciona que: “Los bancos regulan a la baja los límites de retiros o pagos con las tarjetas, haciendo sencillamente imposible que una persona que ha confiado en ese sistema o, peor, ha depositado su plata en esas entidades pueda realizar regularmente sus actividades normales, como por ejemplo comprar comida, medicinas o cualquier otro gasto cotidiano que requiere para esas sus actividades que no constituyen lujos sino eso, cuestiones cotidianas”. Esta afirmación es notoriamente falsa, pues los ciudadanos bolivianos día a día realizan con normalidad operaciones de compra y venta de bienes y servicios con su dinero, ya sea en efectivo o electrónico sin ninguna restricción, dado que en nuestro país la moneda de curso legal es el boliviano.
La aseveración sobre la existencia de un “corralito de facto” en Bolivia carece de sustento empírico y es refutada contundentemente por los indicadores económicos y financieros del país. Un análisis detallado de los datos del sistema financiero revela una situación de estabilidad, mostrando un crecimiento en los depósitos bancarios, lo cual evidencia la confianza depositada por los agentes económicos en el sistema financiero nacional. Además, la expansión de la cartera de crédito refleja una dinámica positiva en la economía y una adecuada disponibilidad de financiamiento para los diversos sectores productivos y de consumo.
Con relación a que “El mal trato que el sistema bancario nos está propinando a los ciudadanos bolivianos, con el encubrimiento de la autoridad estatal de supervisión, vulnera elementales derechos humanos de los usuarios”, esta desubicada afirmación es lanzada sin presentar pruebas concretas que la respalde, denotando un matiz motivado por intereses particulares que busca perjudicar la reputación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La citada Autoridad tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia y la estabilidad del sistema financiero, y cualquier acusación en su contra debe ser evaluada con rigor y objetividad.
Más al contrario, el marco regulatorio de ASFI se presenta como un escudo de defensa para los consumidores financieros, ya que ese es precisamente su principal objetivo, asimismo cuenta con una amplia normativa que establece los derechos de los consumidores, regulando las prácticas de las entidades financieras y estableciendo mecanismos para la atención de reclamos.
Otra muestra clara de la mala intención del artículo se evidencia con la afirmación: “Algún ignaro ‘servidor público’ sostuvo que había detectado que se usaba una tarjeta para comprar trago, cual si podría decidir desde su escritorio en qué esa persona gastaría su propio dinero”. Al respecto, mencionar que las verdades a medias son una herramienta de manipulación muy común, utilizadas por gente inescrupulosa para engañar, confundir o desinformar a la población. La mencionada afirmación es presentada de manera incompleta y fuera de contexto, con el objetivo de crear una impresión falsa o distorsionada de la realidad, pues fue tomada de una conferencia de prensa de la ASFI, cuando se explicaba los mecanismos que estuvieran utilizando algunas personas en los países limítrofes con fines especulativos, comprando cantidades de diferentes productos, luego devolverlos bajo la política de devolución que rige en otros países, efectivizando la devolución en dólares americanos, con el propósito de introducirlos al país y revenderlos a mayor precio.
La responsabilidad de la ASFI con la población y los consumidores financieros se evidenció con las sanciones impuestas a las entidades financieras, esto demuestra que esa Autoridad no se alineó con los intereses de ningún banco, sino más bien busca mantener un equilibrio en el sistema financiero, promoviendo prácticas justas y protegiendo a los ahorristas, incluidos aquellos que manejan sus cuentas en moneda extranjera.
Escrito por Francisco Terán.
