El lugar elegido fue la sede del Colegio Médico de Bolivia, allí se reunirán jubilados, panificadores, magisterio, gremiales, transporte pesado y, por supuesto, el sector salud. La nota de prensa señala que definirán medidas de presión para rechazar la administración del Sistema Integral de Pensiones por la Gestora Pública. Se resistirían a que el Estado se haga cargo de la administración de los fondos de jubilación porque sería un mal administrador, que históricamente lo estatal no ha funcionado, que tenemos empresas bolivianas deficitarias y que se estaría sustrayendo los aportes de la jubilación para pagar jugosas planillas salariales.
No es correcto reducir sus miedos a ese pensamiento del siglo pasado, cuando se enaltecía lo foráneo, lo extranjero incluso lo gringo frente a lo boliviano, denigrando sus capacidades intelectuales o físicas, provocando generación tras generación un sentimiento de inferioridad en cada uno de los ciudadanos de este país. Tal vez, justamente por eso confían más en los españoles que actualmente administran los fondos de pensiones, a quienes nunca se les ocurrió cuestionar el porqué de sus grandes sueldos, el por qué no generaron una rentabilidad suficiente que permita incrementar sus cotizaciones. Ese no es el verdadero motivo que los alienta a salir a las calles.
Y es que cuando se les recordó lo arriba señalado, su discurso varió un poco, ya no critican tanto una posible mala administración estatal, mostraron sus verdaderas intenciones cuando pidieron fiscalizar estos recursos. La gallina de los huevos de oro está en el directorio de la Gestora Pública, al menos sus ambiciones dirigenciales apuntan a ocupar uno de esos cinco puestos establecidos en la Ley de Pensiones de 2010.
Seguramente, tomaron como ejemplo a la CNS, que cuenta con nueve personas en su directorio: tres representan al Estado, tres a la COB y tres son representantes patronales; deben sesionar ordinariamente cuatro veces al mes; sus dietas, por no decir sueldos, superan los 3.000 dólares al mes. La solución al futuro conflicto tiene que ver innegablemente con el compromiso de otorgarles esos espacios a los dirigentes de los sectores que se movilicen. Sin embargo, la Ley de Pensiones ha previsto que no es el Ejecutivo el que elige a estos honorables, pues las ternas primero deberán ser aprobadas por 2/3 de votos en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Dos grupos grandes y conocidos están tras estas movilizaciones; los jubilados que recibieron cotizaciones muy bajas durante todos estos años, señalan que recibirán menores montos por jubilación con la Gestora Pública, siendo este un engaño para con sus bases. Los otros, son los del sector salud, que casualmente debe ser uno de los pocos sectores que se niegan a jubilarse, y lógicamente, quién se jubilaría percibiendo los sueldos que reciben, por eso tenemos especialistas de más de 80 años vagabundeando por los hospitales sin atender y, como consecuencia, hay escasez de espacios, ítems y de profesionales en los hospitales públicos.
La Ley de Pensiones ha establecido que el costo de funcionamiento de la Gestora Pública no proviene de los aportes para la jubilación, por lo que jamás se sustrajeron estos; de hecho, la ley ha previsto que los fondos de los aportantes constituyen un patrimonio autónomo, es decir, separado o distinto del que tenga la Gestora.
