Bolivia está frente a una disyuntiva histórica: o avanza hacia la industrialización del litio con soberanía y visión de futuro, o queda atrapada en un eterno forcejeo político que sacrifica el desarrollo por cálculos partidarios.
Los recientes bloqueos legislativos a los contratos firmados con Rusia y China para la explotación e industrialización del litio reflejan esta encrucijada con nitidez preocupante.
El presidente saliente, Luis Arce, ha advertido que los acuerdos suscritos con Uranium One Group (Rusia) y el consorcio Hong Kong CBC (China), que implican una inversión extranjera de $us 2.000 millones, están en riesgo por la parálisis legislativa y la llegada de un nuevo gobierno que, según sus palabras, podría no compartir el mismo rumbo estratégico. Esta situación es más que un conflicto institucional: es un síntoma de cómo la polarización política puede bloquear decisiones clave para el futuro económico del país.
Lo más grave no es solo el congelamiento de contratos millonarios, sino lo que esto significa en términos de oportunidades perdidas. Bolivia tiene uno de los mayores reservorios de litio del mundo y el mercado internacional está en plena carrera por este recurso estratégico, fundamental para la transición energética global. Los contratos no solo prometían extraer litio, sino también industrializarlo, fabricar baterías y permitir que el Estado boliviano participe en la comercialización y en el control del 51% de los beneficios. Pocas veces un país en vías de desarrollo logra firmar acuerdos que equilibran inversión extranjera y soberanía económica.
Sin embargo, en lugar de consolidar este avance, sectores del Legislativo —una alianza impensable entre el evismo y la derecha radical— han optado por bloquear el tratamiento de los contratos, alegando razones que poco tienen que ver con el interés nacional y mucho con los intereses de corto plazo de sus respectivas agendas políticas.
El litio no puede ni debe ser rehén de la confrontación interna. La industrialización de este recurso debe ser una política de Estado, no de gobierno. Lo contrario es condenar a Bolivia a seguir siendo exportadora de materias primas sin valor agregado, una historia repetida que ha limitado nuestro desarrollo desde hace más de un siglo.
También es válido abrir el debate sobre qué alianzas internacionales nos convienen. Se plantea una alineación con los Brics y un alejamiento del “bloque decadente” de Estados Unidos y Europa.
Puede que esta visión tenga fundamentos geoeconómicos sólidos, pero el país necesita más que discursos ideológicos, resultados concretos, transparencia y consensos duraderos.
Los nuevos liderazgos tienen ahora la responsabilidad —y la oportunidad— de destrabar estos contratos y revisar, si es necesario, sus condiciones. Pero lo que no se puede permitir es que, por rivalidades internas o por prejuicios ideológicos, se cierre la puerta a una inversión histórica que podría transformar nuestra economía.
Si Bolivia quiere dar el salto a la era del desarrollo sostenible, tiene que actuar como un país maduro. Y eso implica colocar el interés nacional por encima de las disputas políticas.
Por: Jaime E. Buitrago Romero/
