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Armando Aquino Huerta

En peligro la seguridad interior y exterior del Estado…

Por todos los fracasos de los políticos golpistas y opositores al gobierno constitucional y legítimo de Luis Arce Catacora, entre ellos el capricho de tratar y aprobar el proyecto de Ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y el proyecto de Ley 075 sobre la cesación de la prórroga de los magistrados diciendo “Que los magistrados se vayan a su casa”.

Creyéndose dueños de la verdad absoluta, dichos políticos ya anunciaron realizar bloqueos, marchas y paros en el territorio nacional con mentiras cínicas publicitadas por las redes sociales, los guerreros digitales y la industria de la desinformación, con la finalidad de dar un golpe de Estado para quedar impunes por los delitos que cometieron; consiguientemente, está en peligro la seguridad interior y exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que peligro es un “riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal” conforme nos enseña la (RAE), ni qué decir si rechazan que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya dado vía libre para la realización de las elecciones judiciales anulando la resolución de una Sala Constitucional de Pando. 

Añadiendo a ello que el expresidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz de la Sierra Zvonko Matkovic dijo: “Ya la Gobernación ha sido tomada, ya ese cáncer se nos entró y ya hizo metástasis”, comprobando que su agrupación política Creemos no tiene ninguna comisión en dicha Asamblea y admitiendo que Santa Cruz ya es masista por la respuesta contundente al grito soberbio “¡Santa Cruz jamás de los jamases va a ser masista!” Resulta evidente el peligro referido, por sus planes del federalismo y de la media luna esgrimido por los mismos políticos.

A dicho fin, los opositores y la nueva derecha fascista hacen todos los esfuerzos para unirse contra el MAS-IPSP con la consigna de “sacar al MAS-IPSP del poder”; pero no logran unirse, porque sus intereses personales y de grupo hacen imposible tal unión, entre tanto viven insatisfechos seguramente pensando en convulsionar el país y dar el golpe de Estado como solución final, actuando como si alguien les hubiese ordenado dar el golpe de Estado, viendo que ni unidos podrán ganar ninguna elección.

Poner en peligro la seguridad interior y exterior del Estado, con la finalidad de dar un golpe de Estado. Quiere decir que están dispuestos a cometer los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, seducción de tropas, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, ultraje a los símbolos nacionales y separatismo, tipificados en el capítulo II del Libro Segundo del Código Penal; en consecuencia, correspondería aprehender a los autores intelectuales y materiales de tales delitos, por el bien de la patria y por el bien de dichos políticos —porque si cometen dichos delitos podrían ser detenidos preventivamente—; es más, cometiendo tales delitos ponen en peligro la seguridad exterior del Estado y su soberanía, lo cual se puede ver que no les interesa porque quisieran entregarla al dominio extranjero, porque desconocen la esencia de la ciencia política, el derecho político, y la doctrina política. Sería bueno que los psicólogos se refieran a la diferencia existente entre los malos políticos y los buenos, los cuerdos y los dementes en política.

Ante el peligro referido y la inseguridad política reinante, es urgente que los fiscales y policías cumplan con sus atribuciones y obligaciones previstas en los Arts. 70, 226, 302, 323. 1) de la Ley 1970 y 3, 8, 12 y 40 de la Ley 260; de esa manera, los planes golpistas y el federalismo que quieren aplicar dichos políticos serían neutralizados.

Situación que demuestra que está en peligro la seguridad interior y exterior del Estado Plurinacional de Bolivia y no se puede permitir tal situación, como no se puede permitir por más tiempo que ni siquiera había lágrimas de los golpistas para las víctimas de las masacres, ejecuciones sumarias y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y el gobierno de facto de Jeanine Añez, que tuvo 38 asesinatos, centenares de lesionados y miles de detenidos arbitrariamente.


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