Por: Mahmoud Elalwani (Embajador de Palestina en Bolivia) .- Ojalá los líderes israelíes, junto con los líderes de su Estado patrocinador, fueran más comprensivos y conscientes del valor del memorando legal y su posterior destino histórico.
El pasado jueves 16 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas inició audiencias de dos días para considerar la solicitud de Sudáfrica de garantizar que Israel detenga su operación militar en el Sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de la población de Gaza ha tenido que buscar seguridad y refugio.
Al inicio de la sesión, el representante de Sudáfrica dijo que Israel continúa violando el derecho internacional y sus resoluciones, viola decisiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia y por otros órganos de la ONU y continúa con sus crímenes contra los palestinos, demolición de escuelas, hospitales y universidades, así como de instituciones humanitarias y de socorro ante la ausencia de medidas efectivas contra Israel por parte de la comunidad internacional. Sudáfrica señaló que la ocupación busca desplazar a los palestinos de su tierra y controlarla mediante proyectos de asentamientos para asentar a colonos.
El representante de Sudáfrica destacó que existe un expediente completo y legal que demuestra el genocidio y otros crímenes ocurridos contra los palestinos pero que no es fácil conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo dentro de Gaza debido a que las medidas tomadas por Israel impiden las investigaciones de los medios y al asesinato de más de 133 periodistas desde el comienzo del genocidio. Asimismo, hizo hincapié en que el derecho a la autodefensa no otorga a un Estado ocupante licencia para utilizar la fuerza ilimitada e infligir destrucción, violencia y hambre a todo un pueblo y que nada justifica el genocidio. La prevención del genocidio es una de las normas establecidas en el derecho internacional humanitario.
El pasado lunes 20 de mayo, el fiscal del Tribunal Penal de La Haya, Karim Khan, de nacionalidad inglesa, manifestó que sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por su oficina, hay motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, y Yoav Galant, Ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) a partir de octubre de 2023. Hacer morir de hambre a civiles como método de guerra constituye un crimen de guerra y supone una violación del artículo 8.2. b.25. del Estatuto de Roma y, consecuentemente, el fiscal solicitó la emisión de órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y contra el ministro del ejército, acusados de cometer crímenes de guerra
Al presentar estas solicitudes de órdenes de arresto, Karim Khan dijo que su oficina actúa de conformidad con su mandato en virtud del Estatuto de Roma, ya que desde el primero de abril de 2015 el Estado de Palestina forma parte del Estatuto de Roma y desde el 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares I decidió que la Corte podía ejercer su competencia penal en el Estado de Palestina y que el alcance espacial de dicha jurisdicción incluía Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental. El fiscal añadió, “Hoy recalcamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado de infantería, comandante o líder civil o cualquier persona pueden escapar al castigo por sus acciones. Confío en que todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma traten estas solicitudes y la decisión judicial que resulte de ellas con la misma seriedad que han demostrado en otros casos y cumplan con sus obligaciones en virtud del Estatuto”.
Las reacciones internacionales no tardaron en llegar ante las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI) que son vinculantes a los 124 países miembros. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que la Corte Penal Internacional es una institución internacional independiente y añadió que los países que ratifican su estatuto están obligados a aplicar su decisión, y aquellos países que amenazan y intimidan a los jueces de la CPI deben poner fin a estas amenazas para no intervenir en sus decisiones.
Sin embargo, Netanyahu condenó la decisión del fiscal de la CPI como una “deshonra” y un ataque a todo Israel y la calificó de antisemitismo. Por otro lado, el Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, rechazó la declaración del Fiscal de la CPI de La Haya y añadió que el Estado de Israel no es parte en el tribunal y que no reconoce su autoridad. Joe Biden calificó de escandalosa la solicitud del fiscal de la CPI de emitir órdenes de arresto para líderes israelíes, y el secretario de estado estadounidense, Blinken, denunció los esfuerzos del tribunal, al considerar que el organismo internacional no tiene autoridad judicial sobre Israel y consideró que dicha decisión era vergonzosa. El portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí no ayuda a lograr el cese de los combates, ni a llevar ayuda humanitaria ni a retirar a los rehenes.
Por otro lado, la presidencia sudafricana acogió con satisfacción el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional e instó previamente a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas a emitir una orden de alto el fuego en Gaza durante las audiencias sobre medidas de emergencia para detener la operación militar israelí en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja. Este viernes 24 de mayo la CIJ con 12 votos a favor y dos en contra tomó decisión de detener de inmediato la ofensiva israelí en Rafah, y como repuesta a ello Israel lanzó violentos bombardeos contra Rafah. A diferencia de la CPI, este Tribunal de CIJ es reconocido por Israel y EEUU.
Por primera vez desde el establecimiento del Estado de Israel a través de la usurpación de la tierra de Palestina, ningún actor se ha encontrado ante una “persecución criminal” en virtud de la cláusula “buscados para arresto” por ser considerados autores de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino y, por tanto, se abre una puerta a futuros procesamientos por crímenes anteriores que todavía no han expirado ni morirán.
El memorando del demandante para la Corte Penal Internacional adquiere un valor político-jurídico y una dimensión histórica en la medida en que completó la lucha nacional palestina contra la presencia ocupante con metas y objetivos legítimos, políticamente y en el marco de las instituciones internacionales, para consolidar a Palestina como un Estado cuya presencia es inevitable y jurídicamente por estar involucrados los tribunales globales más importantes, la justicia internacional y el derecho penal internacional.
Ojalá los líderes israelíes, junto con los líderes de su Estado patrocinador, fueran más comprensivos y conscientes del valor del memorando legal y su posterior destino histórico.
