Un exfiscal de distrito de Santa Cruz en meses pasados anunció su postulación a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, iniciando anticipadamente su campaña electoral, aprovechando la coyuntura y ahora estrellándose contra el sistema financiero boliviano, utilizando a algunos deudores de créditos como bandera proselitista.
Respecto a las denuncias realizadas públicamente en diversos medios de comunicación y redes sociales, sobre la supuesta capitalización irregular de intereses por parte de las entidades financieras, corresponde mencionar que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) efectúa diferentes inspecciones a las entidades financieras, por lo cual en meses pasados comunicó a la población sobre el inicio de procesos sancionatorios, así como la devolución de recursos a los consumidores financieros, en los casos que correspondían.
No conforme con ello, el citado candidato presidencial, que se autocalifica como un hombre honesto y experto en políticas públicas, matemáticas y leyes, denota un total desconocimiento del sistema financiero al afirmar arbitrariamente que este se encuentra sin control y que su funcionamiento es de terror.
Lo lamentable es que se aprovecha de una humilde señora que cuenta con un crédito en una cooperativa, expresando erróneamente que, al no poder cancelar este mes la cuota de crédito correspondiente, entraría en mora, lo que significa que la entidad ejecutaría judicialmente la vivienda otorgada en garantía. Por lo cual es importante mencionar que ASFI, el 30 de septiembre de la presente gestión, mediante resolución, amplió de 90 a 120 días el inicio de acciones judiciales por parte de las entidades financieras. Asimismo, si el deudor demuestra que se encuentra realizando gestiones o tratativas para estabilizar sus finanzas y cumplir con sus obligaciones, es posible una segunda ampliación de otros 120 días, contando el prestatario con un total de 240 días antes de que la entidad de intermediación financiera dé inicio a la reclamación judicial de garantías.
Ante estos comentarios mal intencionados y con claros fines políticos, es importante señalar que en nuestro país existe una amplia base normativa que protege a los consumidores financieros, entre ellos a los prestatarios y que, ante externalidades, como paros, huelgas, desastres naturales u otros casos fortuitos, los deudores pueden beneficiarse de reprogramaciones, diferimientos o refinanciamientos de sus créditos, que incluyen periodos de gracia y otras medidas favorables. Estas opciones permiten ajustar las condiciones de pago a la capacidad económica del deudor, sin perjudicar su historial crediticio y su calificación. Esta flexibilidad permite que los prestatarios mantengan su historial crediticio y eviten consecuencias negativas, como la ejecución de las garantías, por causa de la mora.
Según lo mencionado, la percepción de que el sistema financiero boliviano opera sin control es un relato exagerado que distorsiona la realidad de la población, de los consumidores financieros y en particular de los prestatarios. Si bien estas campañas preelectorales pueden resonar y llamar la atención del público, simplemente están exponiendo fábulas, utilizando a gente humilde con propósitos políticos, aspecto poco ético.
El contexto muestra dificultades para algunos prestatarios, los cuales deben aproximarse a su entidad financiera para solicitar la reprogramación de su crédito, si así lo requieren, siendo ese el camino correcto y no ser utilizados como parte de una campaña proselitista de un interés individual.
Escrito por Ximena Rodríguez.
