Considerando que la administración de justicia en Bolivia está desacreditada y calificada como la peor en Latinoamérica y señalada de corrupta, avergonzando al pueblo boliviano.
Obliga a plantear soluciones prácticas, factibles y efectivas, acordes con el desarrollo de la ciencia del Derecho y la tecnología; máxime si todos los días se comenten los delitos de NEGATIVA O RETARDO DE JUSTICIA, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES y PREVARICATO tipificados en los Arts. 177, 153 y 173 del Código Penal, poniendo en duda los méritos de los administradores de justicia —con honrosas excepciones—, por ello no hay jueces, vocales ni magistrados en las cárceles. En consecuencia, resulta necesaria e imperativa la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia, cuya IA es: “Un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y maquinas que puedan razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar”; así podría solucionarse la retardación de justicia, la corrupción, y lavarse la imagen de los jueces, vocales y magistrados.
Para lo cual las computadoras o laptops —con tecnología de vanguardia— de dichas autoridades, deberán tener el soporte técnico de inteligencia artificial (IA) con la teoría de la mente, el lenguaje jurídico-legal, las disposiciones legales vigentes, la jurisprudencia nacional e internacional del bloque de constitucionalidad, de manera que tengan la capacidad de analizar en minutos miles de querellas, denuncias, demandas, defensas, contestación a las demandas, pruebas, excepciones, incidentes —argumentados por los abogados—, y todo el expediente digitalizado, con transparencia y más eficiencia que la sana crítica, para luego redactar la sentencia, en apelación el auto de vista, y en casación el auto supremo, e imprimirla oprimiendo la techa respectiva. Así se evitaría la corrupción endilgada a los administradores de justicia, y se garantizaría la aplicación correcta de las leyes, evitando la impunidad de los delincuentes y la detención y condena de inocentes. Además, con IA se aplicarán ineludiblemente los PRINCIPIOS de TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA, EFICACIA, LEGALIDAD e IDONEIDAD —y otros— previstos en los Arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), que no se aplican en la actualidad. Máxime si las cumbres judiciales y leyes dictadas para solucionar los males de la administración de justicia fueron ineficaces.
Al respecto, el eje 7 del PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL BICENTENARIO (PENB) elaborado por el Consejo Nacional del Bicentenario —creado en la Ley 1347 de 17/Nov/2020 promulgada por el presidente Luis Arce Catacora—, para festejar el BICENTENARIO DE BOLIVIA, en calidad de desafío expresa: “Reforma judicial gestión pública digitalizada y transparente y seguridad y defensa con soberanía nacional”. En consecuencia, resulta oportuno —como nunca— reformar la justicia aplicando la gestión pública digitalizada y transparente; mejor dicho aplicando la IA de acuerdo a la realidad, idiosincrasia y necesidad de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, aplicando el espíritu de los Arts. 1, 2 y 3 de la CPE, así como su Art. 9. inc. 1 que al respecto dice: “Son fines y funciones esenciales del Estado además de lo que establece la Constitución y la ley: constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”, su Art. 103. II. que dice: “El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación”, y por supuesto su Art. 115. II, que dice: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Ha llegado la hora de descolonizar la justicia en Bolivia con la implementación de IA. Máxime si patrióticamente está embanderada celebrando su BICENTENARIO.
Ojalá los nuevos magistrados trabajen en ello, ya que no se debe permitir por más tiempo que los delincuentes sigan cometiendo delitos impunemente, y los inocentes estén encarcelados. A su vez, los colegios de abogados tienen la oportunidad de elaborar los proyectos de leyes respectivos, leyendo la realidad e idiosincrasia boliviana —sin copiar de otros países—.
Concluyendo, se sugiere que dicha implementación se realice por abogados, policías e ingenieros en informática (bolivianos); aplicando la filosofía jurídica, sociología jurídica, deontología jurídica, el hardware y software correspondientes para cambiar la injusticia actual en la justicia que tanto clama el pueblo boliviano, y así luchar eficazmente contra la retardación de justicia y la corrupción; para lo cual habrá que derogar y abrogar las leyes causantes del descredito en la administración de justicia.
Por: Armando Aquino Huerta/
