El 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia celebró una sesión en su sede de La Haya, durante la cual anunció su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967.
El presidente de la Corte, el juez Nawaf Salam, leyó la opinión consultiva que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y que Israel debe poner fin a su ocupación. También destacó que Israel, potencia ocupante, debe detener inmediatamente cualquier actividad de asentamiento en las tierras que ocupó en 1967 y debe expulsar a los colonos de esas tierras. Además, indicó que Israel tiene el deber de compensar las pérdidas materiales y morales infringidas a los ciudadanos palestinos en los territorios ocupados, apuntando que los países no deben reconocer la existencia ilegal de los asentamientos.
También hizo un llamamiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU para tomar las medidas adicionales necesarias que conduzcan a lograr poner fin lo antes posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, Israel apuesta por que Estados Unidos utilizará su poder de veto en el Consejo de Seguridad.
El 26 de febrero, el tribunal inició sus deliberaciones sobre el caso, tras escuchar durante una semana argumentos e informes públicos presentados por 50 Estados miembros de las Naciones Unidas: Sudáfrica, Bolivia, España, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Rusia, China, Japón, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Francia, Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Hungría, Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Irán, Pakistán, Gambia, Guyana, Malasia, Mauricio, Namibia, Indonesia, Zambia, Maldivas, Bangladesh, Belice, Islas Alqamar y Fiji, y tres organizaciones internacionales: Organización de Cooperación Islámica, Unión Africana y Liga de Estados Árabes.
El presidente de la Corte Internacional de Justicia dijo que la Corte está examinando las repercusiones judiciales de las prácticas políticas en los territorios ocupados y su impacto, señalando que no hay límites a la libertad del tribunal para expresar su opinión sobre el alcance de la contradicción entre las prácticas políticas y el derecho internacional; añadiendo que es competencia del tribunal expresar su opinión consultiva sobre la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. Declaró que los territorios palestinos ocupados representan tierras con unidad, continuidad y soberanía que deben ser respetadas y que la opinión consultiva actual no incluye la guerra que estalló en Gaza en octubre de 2023. Especificó que el tribunal estudiará las repercusiones judiciales de la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados, remarcando que la opinión consultiva se basa en el supuesto de que los territorios palestinos son territorios bajo ocupación.
Continuó declarando que Israel sobrepasó el ejercicio de su autoridad sobre la Franja de Gaza, especialmente monitoreando sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres, añadiendo que los deberes de Israel en los territorios ocupados están sujetos al tratado de 1959 sobre el tratamiento de civiles en tiempos de guerra, afirmando que Israel ha abandonado sus obligaciones establecidas en el tratado contra la discriminación racial de 1965. Remarcó que Israel debe respetar el ‘tratado de sidra’ cuando ejerza sus poderes fuera de sus territorios y que el pueblo palestino, reconocido por el Tratado de Oslo, tiene derecho a la autodeterminación.
Asimismo, añadió que las prácticas de Israel después de su ocupación de tierras palestinas en 1967 violaron el derecho a la autodeterminación. Señaló: “Creemos que la ocupación continuada de los territorios palestinos durante un largo periodo de tiempo no cambia su estatus legal. Las autoridades de ocupación no pueden desplazar a la población de los territorios ocupados ni asentar allí a los colonos. La transferencia de colonos a Cisjordania o Jerusalén Este contradice el artículo 49 de la Convención de Ginebra. La detención de propiedades palestinas por parte de colonos viola las obligaciones internacionales de Israel”.
Concretó que las fuerzas de ocupación están obligadas a garantizar el suministro de agua y alimentos a los residentes de las zonas ocupadas. Además, indicó que los territorios ocupados deben ser evacuados. El tribunal acusó a Israel de discriminación racial y segregación racial entre palestinos y judíos, y mencionó específicamente la acusación de apartheid, que es una acusación extremadamente grave en el derecho internacional. También pidió a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que cooperen en la implementación de la resolución y que no reconozcan ni ayuden los cambios que Israel está realizando en los territorios palestinos. En consecuencia, Israel debe devolver las tierras, los bienes e inmuebles, así como pagar una compensación a los palestinos.
El tribunal también dictaminó que se debe conceder a los palestinos el derecho a la autodeterminación y que las Naciones Unidas deben trabajar para establecer un Estado palestino independiente que viva en paz junto a Israel.
El anuncio de la opinión consultiva del tribunal se produce en un momento en que la presión legal internacional sobre Israel (la potencia ocupante) está aumentando. Mientras tanto, continúa la guerra de aniquilación contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada.
La decisión también representa un triunfo para el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, para acelerar la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra el ministro del Ejército, Yoav Galant, por su responsabilidad en “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” tal y como solicitó la Corte Penal Internacional hace dos meses. En esta etapa se espera que varios países presenten una solicitud al fiscal general para procesar a altos funcionarios israelíes responsables de la política de asentamientos y del desplazamiento forzado de la población palestina.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, remitió a la Asamblea General la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que indica que corresponde a la Asamblea General decidir cómo avanzar en este asunto y que había solicitado el asesoramiento de la Corte sobre los procedimientos relacionados con el derecho y sobre las consecuencias derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Guterres destacó la necesidad de que “las partes vuelvan a emprender el tan esperado camino político para poner fin a la ocupación y resolver el conflicto.
Guterres señaló que el único camino viable es “ver a los dos Estados, Israel y un Estado Palestino totalmente independiente, democrático, continuo, viable y soberano, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados de acuerdo con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los acuerdos bilaterales.
Los dos ministros extremistas del gobierno de ocupación israelí, Smotrich y Ben Gvir, atacaron a la Corte Internacional de Justicia por la emisión de la opinión consultiva. El ministro de Finanzas Smotrich dejó constancia en la plataforma X de que “la respuesta a la Corte Internacional de Justicia es imponer ahora la soberanía sobre Cisjordania, es decir, anexar los territorios palestinos ocupados y ampliar los asentamientos”. Por su parte, el llamado ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, afirmó: “La decisión de la Corte Internacional de Justicia demuestra que es antisemita y no aceptaremos sermones de ella”.
Israel, potencia ocupante, se anticipó a la emisión de opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia con la aprobación en su parlamento, el 18 de julio, de un proyecto de resolución que rechaza la creación de un Estado palestino, rechazando reconocimientos internacionales “unilaterales” del Estado palestino.
La decisión del tribunal de La Haya creó un estado de terror en Israel, además de causar graves daños a su imagen y puede incluso conducir a la imposición de sanciones y llamamientos al procesamiento de altos funcionarios israelíes. No hay duda de que la decisión también dará impulso al movimiento BDS y a los procedimientos legales en curso en varios países con respecto a la cuestión de la prohibición de la venta de armas a Israel.
Nos preguntamos si Israel tomará medidas punitivas contra el Gobierno de Palestina. Según la prensa israelí, la decisión del tribunal puede lograr el resultado contrario y empujar a Israel hacia el extremismo y hacia una total falta de confianza en las Naciones Unidas y en sus instituciones. Además, puede empujar a Netanyahu y al Gobierno israelí a tomar medidas adversas, y es probable que ahora recen para que Trump gane las elecciones y apruebe la legislación contra los tribunales internacionales de La Haya que incluye sanciones contra sus empleados.
Sabiendo de antemano que los sucesivos gobiernos israelíes dieron al pueblo palestino solo tres opciones: desplazamiento, opresión o muerte, es decir, limpieza étnica, apartheid o genocidio, ha llegado el momento de que el pueblo palestino viva en libertad, paz, seguridad y con dignidad, que pueda ejercer su derecho a la libre determinación y a elegir su destino, libre de opresión, persecución, ocupación y apartheid.e
