A medida que se acerca la elección presidencial, este 28 de julio, en Venezuela se acentúa el cerco mediático. Estrategia originada desde los centros comunicacionales internacionales que buscan asfixiar a nuestro país ante el resto del mundo.
Así vemos cómo los principales medios a nivel mundial, como Voz de América, CNN, Washington Post, The New York Times, Fox News, CBS, El Nuevo Herald, entre otros, se han convertido en elementos de distorsión para hacer claudicar a Venezuela, presentándola como violadora de los derechos humanos, tal como lo maneja Tamara Sujú a nivel de la Corte Penal Internacional.
Uno de los hechos que responde a una estratagema diseñada desde los espacios del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y coordinada por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), es la reciente huelga de hambre que comenzó el 9 de junio en 16 cárceles de Venezuela para protestar por el retardo procesal.
Casualmente, Prado, quien fuera comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima del interino Juan Guaidó —faltando menos de 50 días— está denunciando un hecho que a la vista es una planificación política para crear un escándalo internacional. Esa intencionalidad se nota en las redes sociales y medios digitales, como Efecto Cocuyo, La Patilla, Runrunes, Caraota Digital, Dolartoday, entre otros, que utilizan este hecho para satanizar el sistema penitenciario.
Hay que recordar que Humberto Prado es un delincuente que a los 18 años fue preso por un delito contra la propiedad y encarcelado por siete años. En 1985 recibió un indulto presidencial y fue nombrado, posteriormente, director de las cárceles Yare 1 y Yare 2. En septiembre de 2002, Prado fundó el Observatorio Venezolano de Prisiones, actuando, en estos tiempos, como el Pran Mayor de estos movimientos que se están desarrollando en los internados judiciales.
Haciendo un poco de historia, en la IV República, el retardo procesal, el hacinamiento, la corrupción, la muerte de miles de presos a manos de sus compañeros, abundancia de chuzos, armas de fuego caseras, llamadas chopos, eran los hechos más resaltantes, sin que hubiera alguna denuncia pública de ningún activista de los derechos humanos. Las situaciones más escalofriantes eran las masacres, como la ocurrida en el retén de Catia, el 27 noviembre de 1992, cuando fueron asesinados más de 200 reclusos por órdenes de Antonio Ledezma, que era gobernador de Caracas y actual miembro del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
No sería extraño que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es Luis Almagro, declarado enemigo del Gobierno venezolano, pida la intervención de los tribunales de la República Bolivariana para acentuar la estratagema de Humberto Prado en búsqueda de consolidar la candidatura de Edmundo González Urrutia. Prado como presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones es quien hace llegar, a través de las redes sociales, videos, fotos y declaraciones de las presas y presos exhibiendo pancartas dentro de los centros penitenciarios.
Es el descaro y abuso de mostrar que todo es una campaña contra el Gobierno nacional para sacarlo “a como dé lugar”. El sesgo mediático aplicado por los medios internacionales está construyendo un muro que permita al final de las elecciones del 28 de julio publicar que, ante la derrota de González Urrutia, hubo un fraude y llamar nuevamente al desconocimiento del triunfo de Nicolás Maduro, como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela.
