La privatización de las empresas públicas, realizada en los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo como consecuencias la pérdida de la soberanía de los recursos naturales, así como de empresas que eran un estandarte como el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), las Plantas Industrializadoras de Leche (PIL), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y muchas otras que se encargaban del desarrollo regional.
Esto con la finalidad de dar cabida a capital privado, dejando de lado el interés social para el cual fueron creadas.
Llama la atención las propuestas de los candidatos a la presidencia como Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, quienes plantean como plan de gobierno pasar las empresas públicas a manos privadas o eliminarlas del mercado.
Es muy importante recordar que en 1985, durante el gobierno de Paz Estensoro, las medidas aplicadas con la aprobación del Decreto Supremo 21.060 dieron lugar a la reducción de la participación del Estado en la economía, flexibilización del tipo de cambio y apertura de importaciones, relocalización de los trabajadores mineros y modificación de algunos tributos. Estas tienen mucha similitud con las propuestas planteadas por los candidatos presidenciales para este 2025, y no denotan un cambio a las aplicadas en los inicios del neoliberalismo.
La importancia de la participación del Estado en la economía no tiene que limitarse a ser un simple regulador normativo o de disposición de políticas, administrador legal y jurídico. Desde la pandemia que azotó al mundo muchos países se dieron cuenta que el rol del Estado va mas allá de ser un actor político y generador de discursos, pues cuanto menos hace un gobierno menos se arriesga y gestiona, menos capacidad desarrolla y es más propenso a ser vulnerable ante los shocks externos que afecten la economía mundial.
Las empresas públicas, en las últimas dos décadas, han cumplido un rol importante en nuestra economía en un entorno de competencia de mercado con actores privados. Esto trajo consigo una serie de beneficios para la población, como el acceso a medios de transporte aéreo que antes era restrictivo por los elevados precios; diversificación de proveedores y acceso a los pequeños productores al suministro de insumos y materia prima a las plantas industriales como productos lácteos, agrícolas y otros que mejoraron las condiciones de vida de las familias productoras; aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo de emprendimientos orientados al cambio de la matriz energética como las plantas eólicas, fotovoltaicas y las hidroeléctricas a través de ENDE. Asimismo, las plantas de biocombustibles emprendidas por YPFB, destinadas a sustituir la importación de diésel, lo cual significaría un ahorro de divisas al Estado.
Adicionalmente de aportar y contribuir a la seguridad alimentaria por medio de empresas como Emapa, EBA, EBIH, a través de sus productos de consumo agroindustrial como el maíz, trigo, soya, fertilizantes (NPK), entre otros; así también con la producción de arroz, quinua, aceite, etcétera, permitieron el ahorro de divisas con la sustitución de importaciones de bienes de primera necesidad.
Por otra parte, empresas como YPFB, Vinto y Comibol fueron las que se encargaron de traer recursos por la venta de sus productos al exterior, es decir, inyectaron en la economía divisas provenientes de sus exportaciones, mismas que sustentaron por 20 años la demanda interna de dólares, aspecto que pudo ser apreciado cuando las exportaciones de gas disminuyeron y ocasionaron una situación de iliquidez de moneda extranjera que el sector privado no pudo contrarrestar.
Las empresas públicas son una herramienta clave para la economía al ser articuladoras y competidores del mercado, permitiendo la regulación natural conforme a las fuerzas de la oferta y la demanda de los precios; de esta forma permiten garantizar la disponibilidad de bienes de consumo necesarios para la población. Prescindir de las empresas públicas sería tan perjudicial como incentivar un voto nulo, representando el beneficio particular de unos pocos que anteponen sus intereses personales antes que el bienestar de la población.
Por: Daniel Villarroel/
