El pasado jueves 21 de noviembre, en el día 412 del genocidio palestino, filmado y transmitido a tiempo real por los medios de comunicación de todo el mundo, que ha dejado más de 150.000 asesinados y heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres, y más de 10.000 desaparecidos.
En medio de una destrucción masiva y una hambruna que ha matado a decenas de niños y ancianos en uno de los peores genocidios humanitarios del mundo, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de ocupación israelí, Netanyahu, y contra el exministro de Defensa Galant, acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza.
Las órdenes de arresto incluyen detalles y descripciones del delito y la base legal para emitirlas y son enviadas a los 124 países Estados miembros del “Estatuto de Roma” que establece el tribunal, obligándoles a arrestar a los acusados si visitan sus territorios. La decisión de la Corte Penal Internacional constituye un nuevo umbral cualitativo para responsabilizar a Israel a nivel internacional y clasificar a sus líderes como criminales de guerra y perpetradores de crímenes contra la humanidad. La resolución constituye un punto de partida renovado dentro de los esfuerzos por detener la guerra de genocidio contra Gaza, poner fin a la ocupación y establecer un Estado palestino.
La decisión adquirió valor histórico por su gran acogida mundial, salvo por los países gobernantes de extrema derecha que argumentan la mentira imperante desde 1948 y que consideran que el Estado de ocupación israelí es un “Estado moral y civilizado”; una mentira sobre la que insisten y que ha prevalecido durante mucho tiempo a pesar de las masacres, la usurpación de tierras, el desplazamiento de personas, la ocupación y la judaización.
El Tribunal Penal “dictó por unanimidad dos decisiones rechazando las apelaciones presentadas por Israel en virtud de los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma”. El portavoz del equipo jurídico ante el Tribunal Penal dijo que la decisión del tribunal es definitiva e irrevocable, Netanyahu y Galant tienen la responsabilidad penal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad representados por asesinatos, persecuciones y otros actos inhumanos. La Sala también encontró motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Galant tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.
El tribunal concluyó que “hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente a la población civil de Gaza de medios indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad; su comportamiento perturbó la capacidad de las organizaciones humanitarias de proporcionar alimentos y otros bienes básicos a las personas necesitadas en Gaza. Las restricciones mencionadas, sumadas a los cortes de electricidad y a la reducción del suministro de combustible, han tenido un grave impacto en la disponibilidad de agua en Gaza y en la capacidad de los hospitales para brindar atención médica. No se puede identificar una necesidad militar clara u otra justificación para las restricciones al acceso de las operaciones de ayuda humanitaria, a pesar de las advertencias y llamamientos hechos, entre otros, por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de la ONU, Estados, organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con respecto a la situación humanitaria en Gaza”.
Posteriormente, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llamó a los 124 Estados miembros de la Corte a tomar medidas para implementar las órdenes de arresto, reiteró que “la ley existe para todos y que su función es defender los derechos de todas las personas”, señalando que “la decisión de los jueces independientes de la Corte Penal Internacional confirma la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias mediante procesos judiciales justos e imparciales, afirmando que estas solicitudes se hicieron tras una investigación independiente, sobre la base de pruebas objetivas y verificables y examinadas mediante un proceso judicial”.
Israel cuestionó la jurisdicción del tribunal sobre la situación en el Estado de Palestina. El gobierno israelí respondió rápidamente a la decisión del tribunal diciendo que la Corte había perdido “toda legitimidad” y calificando sus órdenes de “absurdas”. El primer ministro Netanyahu dijo: “No nos rendiremos a la presión. Este es un día negro en la historia de las naciones. El tribunal que se estableció para proteger a la humanidad se ha convertido hoy en enemigo de la humanidad” y destacó que “Israel no reconocerá la decisión de la Corte Penal Internacional”.
El Ministro del Ejército del Estado ocupante, Yisrael Katz, anunció la decisión de anular las órdenes de arresto contra colonos israelíes en Cisjordania; dicha decisión es una licencia para matar palestinos en Cisjordania y se considera un error grave y peligroso que puede agravar la situación en toda Palestina. Katz recibió felicitaciones y apoyo de todos miembros de su gobierno y de los líderes de los asentamientos en todos los niveles.
Entre las reacciones internacionales más importantes en apoyo a la decisión del tribunal se encuentra el Secretario General de las NNUU, Antonio Guterres, que expresó su respeto por la independencia de la Corte Penal Internacional. Sudáfrica acogió con satisfacción la decisión, el alto funcionario de política exterior de la Unión Europea Josep Borrell dijo que las órdenes de arresto “no son políticas” y añadió que “La decisión del tribunal debe ser respetada e implementada por todos los Estados y socios del tribunal”. En este mismo sentido, la Canciller de Bolivia manifestó que la decisión de la CPI es una prueba más y contundente del genocidio en contra del pueblo palestino. El Presidente de Colombia comentó con satisfacción la decisión de la CPI, indicando que “si Netanyahu y su Ministro de Defensa visitan Colombia, los arrestaremos”. Por el contrario, el rechazo de Washington a las resoluciones de la Corte Penal Internacional, a la que no quiso sumarse, significa que apoya las atrocidades. El presidente argentino, Javier Milei, criticó la decisión y manifestó que “la República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional”.
La mayoría de los países de la UE que han dicho que cumplirán sus promesas ante la CPI, también Canadá. El primer ministro checo, Peter Fiala, calificó la decisión del tribunal de “desafortunada” y dijo que socava la autoridad del tribunal. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea, ha decidido desafiar a la Corte Penal Internacional, manifestando que “no hay otra alternativa que oponerse a esta decisión. Hoy mismo invitaré al primer ministro israelí a visitar Hungría, si acepta, Netanyahu contará con la suficiente seguridad de que no será detenido”, y ha calificado la orden de detención de “descarada y cínica” y ha insistido en que “no tendrá ningún efecto en Hungría”.
El Alcalde de Dearborn, Michigan, escribió en la red social X que “la ciudad de Dearborn arrestará al Primer Ministro israelí Netanyahu y al ex Ministro de Defensa Galant, si ponen un pie dentro de los límites de la ciudad, ellos y otros criminales de guerra no son bienvenidos a viajar libremente por Estados Unidos”.
Por otro lado, el presidente estadounidense, Joe Biden, criticó la decisión, y dijo que la decisión de la Corte Penal Internacional es “exasperante e indignante”. Michael Waltz, asesor de seguridad nacional del presidente electo estadounidense, Donald Trump, amenazó al tribunal con una respuesta contundente cuando Trump asuma el cargo el próximo enero.
La resolución de la Corte Penal Internacional asedia la posición estadounidense que el pasado 19 de noviembre adoptó un veto en el Consejo de Seguridad para frustrar un proyecto de resolución para detener la guerra. No sería improbable que Estados Unidos buscara venganza contra el Tribunal Internacional y presionara a muchos países para que dejaran de financiarlo.
La relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albánese, declaró “mientras la comunidad internacional se prepara para posibles reacciones, debemos trabajar juntos para mantener encendida la llama de la rendición de cuentas. Espero que el llamado a la justicia se haga más fuerte en estos tiempos oscuros”.
Las órdenes de arresto emitidas por la CPI representan un terremoto en el panorama legal global, es la primera vez que un aliado occidental ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por un organismo judicial global.
Por: Mahmoud Elalwani
