En 2001, en el marco de la III Cumbre de Gobernadores de la Región Sur Colombiana, el maestro Orlando Fals Borda propuso como horizonte social político la construcción de “una Segunda República de Colombia o, técnicamente hablando, una República Regional Unitaria… asumiendo que son las fuerzas políticas y sociales populares nuevas las que merecen tomar estas banderas en todo el país, por no tener compromisos con prácticas del pasado que queremos superar y corregir”.
Consideraba a cada región, conformada por provincias, como una entidad intermedia entre el Estado-nacional y el municipio, con “participación decisoria de las comunidades en las instancias gubernamentales”. Y apoyaba ese proceso “en la clase obrera… en los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los negros y los campesinos”. Apostaba para sustentarlo en “la creatividad, solidaridad y resistencias por la vida, como las surgidas en Cacarica y San José de Apartadó, Mogotes y Cimitarra, Nueva Venecia y San Juan Nepomuceno, Cumbal y Segovia, Armero y Armenia, donde hemos podido cerrar el paso a no pocos jinetes del Apocalipsis”.
Este era un tema que solía regresar en las reflexiones que, convocadas por Carlos Gaviria Díaz, nos agrupaban con cierta regularidad. Orlando había desarrollado la propuesta a partir de la razón histórica del proceso de la Primera República, el territorio como marco del cambio, las regiones autonómicas, y concluye en una Asamblea Constituyente. Para este objetivo propone un proceso constituyente que culmine en una Asamblea Constituyente “con una nueva clase de representación, que perfile mejor los propósitos filosóficos y políticos de la Carta del 91 y que ponga la patria por encima de los grupos”. Todas son citas de su texto Bases para la construcción de la República Regional Unitaria, Segunda República de Colombia, del 19 de septiembre de 2001.
Hoy, cuando el desequilibrio de poderes impide avanzar en las reformas del gobierno popularmente elegido y la correlación global y nacional de fuerzas no permite otras vías democráticas, tiene mucho sentido el colocar una meta estratégica, un paradigma de autoconstrucción territorial cotidiano que le dé horizontes y continuidad a las acciones populares que promueven cambios sociales. Es una estrategia que lleva a repensar colectivamente y desde abajo esa Segunda República, permitiendo que los futuros desafíos políticos y electorales vayan madurando las posibilidades de lograr las mayorías necesarias para alcanzarlos.
El cómo se conformarán esas asociatividades territoriales es una decisión autónoma de cada comunidad, y serán ellas las encargadas de repasar sus memorias de resistencias y trasladarlas a un presente programático que les garantice la plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mientras que la responsabilidad del Gobierno es garantizar las libertades para su construcción y funcionamiento participativo, como parte del Estado Social y Democrático de Derecho que se busca profundizar con la construcción de culturas de paz.
