Políticos de la derecha fascista y golpista realizaron el 28/XII/2023 una misa y caravana política en la ciudad de Santa Cruz, exigiendo la libertad de su gobernador Luis Fernando Camacho; asegurando que sería un perseguido político y estaría secuestrado por ser un líder; elogiándolo, loándolo y apoyando sus actos delictivos cometidos antes de su detención.
Con esa misa y caravana política se cometieron los delitos de: instigación pública a delinquir, apología pública de un delito, atentado contra la seguridad de los transportes, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, sabotaje, atentados contra la libertad de enseñanza, y atentados contra la libertad de trabajo, tipificados en los Arts. 130, 131, 213, 214, 232, 297 y 303 del Código Penal. En consecuencia, dicha caravana resultó ser delictiva, al estar relacionada con los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, juzgados en el caso Golpe de Estado I y Golpe de Estado II, así como con los delitos de: asesinatos, violaciones grupales, lesiones gravísimas, racismo, discriminación, terrorismo, robos y otros, cometidos durante el paro y bloqueo de 36 días realizado en Santa Cruz, que causó un daño económico de $us 140 millones más o menos, convocado por el mismo gobernador y sus correligionarios.
Dicha misa y caravana, además, constituyen APOLOGÍA DEL DELITO conforme señala el profesor Raúl Goldstein en su Diccionario de Derecho Penal y Criminología cuando dice: “Para que exista apología es menester que se haga el elogio del hecho delictuoso, en términos que intenten dar apariencias de loable a lo que la ley condena”; delito tipificado en el Art. 131 del Código Penal.
Es más, los delincuentes siempre son aprehendidos, detenidos preventivamente y condenados —incluso ejecutados— en el mundo entero; porque ninguna ley permite la libertad de ellos por ser un peligro para la sociedad —salvo que hayan cumplido su condena—; por lo mismo, solo exigen la libertad del nombrado gobernador sus correligionarios políticos y amigos, sin decir qué ley se estaría violando; pero el 99,9% del pueblo boliviano —que sabe que la cárcel es para los delincuentes— pide la pena máxima para el gobernador.
Ninguna ley de Bolivia y el mundo permite la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, tanto es así, que ningún artículo de la Constitución Política del Estado, la Ley 1768 (Código Penal), la Ley 1970 (Código de Procedimiento Penal), la Ley 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público), la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica, dice: “El gobernador de Santa Cruz no será detenido ni sancionado con ninguna pena por los delitos que cometa”; si citaran una ley que diga ello, tal gobernador no estaría detenido, pero como no hay, seguirá detenido.
En consecuencia, dicho gobernador tiene que seguir en la cárcel por muchos años más —aunque hagan más misas y caravanas—, porque “La Ley es dura pero es la Ley”. Además están probados todos los delitos que cometió, por eso muchos acusados ya tienen sentencia condenatoria, y si añadimos que la sentencia con 10 años de privación de libertad contra Jeanine Añez, Willams Carlos Kaliman, Vladimir Yuri Calderón y otros en el caso Golpe de Estado II, está ejecutoriada; tendrían que detenerlos a Carlos D. Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Rómulo Calvo, los curas de la Iglesia Católica y otros, por ser autores del golpe de Estado conforme al Art. 20 del Código Penal. Al respecto, la Biblia en Mateo 5.25 dice: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel”.
Consiguientemente, no habiendo ley que permita la libertad del gobernador, tal misa y caravana resultó ser eminentemente política; con la finalidad de dar un golpe de Estado, diciendo —cínicamente— que el Presidente es un dictador por aprobar el Presupuesto General del Estado y porque no se eligió a los magistrados del Órgano Judicial (cuyo presupuesto y la ley de convocatoria para la elección de los magistrados, los opositores no quisieron aprobar).
