El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar ha informado sobre la reapertura del caso Akapana, que involucra al empresario y precandidato opositor Samuel Doria Medina.
Este caso surgió a raíz de la filtración de los “Papeles de Panamá”, un escándalo internacional que reveló las presuntas conexiones de varias figuras públicas y empresarios con la creación de empresas offshore para evadir impuestos. En este contexto, Cuéllar manifestó su intención de presentar una solicitud ante la Comisión de Justicia Plural y la Fiscalía Departamental de La Paz para reactivar la investigación.
El caso Akapana está relacionado con las presuntas maniobras de Doria Medina para eludir impuestos mediante la venta de acciones de su empresa Soboce, una productora de cemento, a la compañía mexicana Chihuahua, a través de la intermediación de la firma offshore Akapana S. A. Según las investigaciones, esta transacción podría haber causado una pérdida económica al Estado boliviano de alrededor de 54 millones de bolivianos, una cifra que, según Cuéllar, representa una grave violación a las leyes fiscales y evidencia un claro acto de corrupción.
El legislador cruceño resaltó que la reactivación del caso no tiene un fin político contra Doria Medina, sino que está basada en pruebas concretas que demuestran irregularidades en la gestión de sus negocios. Cuéllar subrayó que el empresario debería enfrentar la justicia, en lugar de continuar su campaña política rumbo a las elecciones generales de agosto. Según él, las pruebas ya existentes son suficientes para exigir que Doria Medina sea detenido y responda por su presunta evasión fiscal.
Este proceso fue iniciado en 2016 durante la gestión del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien, basándose en un informe de la Asamblea Legislativa sobre los Papeles de Panamá, solicitó que se investigara la operación de Doria Medina. Sin embargo, el caso fue cerrado por la jueza Melina Lima del Juzgado Cuarto Anticorrupción, quien argumentó que no había pruebas suficientes para continuar. Esta decisión resultó en una acusación contra la jueza por incumplimiento de deberes y resolución contraria a la Constitución.
Cuéllar ha afirmado que reabrir la investigación es crucial, no solo para garantizar que los responsables de fraudes fiscales enfrenten las consecuencias, sino también para asegurar que el daño económico al Estado sea reparado. En sus declaraciones, destacó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece castigos severos para delitos relacionados con la corrupción, debe aplicarse de manera estricta en este caso. De este modo, el diputado ha solicitado que la investigación prosiga de acuerdo con los procedimientos establecidos con el fin de obtener las pruebas necesarias para que Doria Medina rinda cuentas ante la justicia.
El caso Akapana, que involucra a una figura política influyente como Doria Medina, ha generado gran expectación en la opinión pública boliviana. Mientras algunos consideran que la reactivación del proceso responde a un interés legítimo por combatir la corrupción y la evasión fiscal, otros ven este movimiento como un intento de debilitar la campaña electoral del opositor. Sin embargo, lo cierto es que este escándalo resalta las dificultades de Bolivia en su lucha contra la corrupción y la necesidad de que los responsables de fraudes fiscales sean llamados a responder por sus actos.
Por: Fernando Chuquimia
