Después de que la población de Santa Cruz fue dividida y sumergida en una crisis política general, por la Sentencia Constitucional 1021/2023 de 29 de diciembre de 2023 que ordena que el Vicegobernador asuma inmediatamente la suplencia temporal del Gobernador de Santa Cruz, y ordena al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) promover la suplencia temporal mientras dure el impedimento legal del Gobernador Titular; y después del rechazo a los recursos de aclaración, complementación y enmienda, presentados por la ALD y la Gobernación de Santa Cruz, los correligionarios del Gobernador no quieren cumplir lo ordenado en dicha Sentencia Constitucional, lanzando alaridos impertinentes y tratándolo al Vicegobernador de traidor, cobarde, vendido, títere, angurriento, enemigo, diciendo que es masista —siendo de CREEMOS—, gritando que no permitirán que el Vicegobernador sea posesionado en el cargo de Gobernador, ni que la ALD —en su caso—elija a un masista con la mayoría de sus miembros masistas.
Tal realidad, considerando que odio es: “Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea” conforme señala el Diccionario de la Lengua Española; muestra el odio político acumulado de los opositores desde que el MAS-IPSP ganó las elecciones generales en 2005, porque solo odiando a los masistas no se quiere posesionar al Vicegobernador creyendo que es masista, y no querer que la ALD, si se diera el caso, elija a un masista para que ejerza el cargo de Gobernador gritando “Que Dios vomite a los traidores”.
Ese odio al vicegobernador Mario Aguilera, y a los masistas que son diputados, senadores, ministros, viceministros, directores, asambleístas, concejales, aymaras, quechuas, guaraníes, que constituyen el 90% de las bolivianas y bolivianos, a su vez constituye delito de racismo y discriminación sancionado por la Ley 1768 Código Penal en sus Arts. 281 quinquies y 281 sexies; y muestra al mundo entero que hay intereses personales, políticos y de grupo para cuidar sus pegas, e impedir que se haga una auditoría para que el pueblo cruceño se entere de nuevos hechos de corrupción que se habrían cometido en dicha gobernación —aunque se hayan robado 15 Laptops de las oficinas de la Gobernación—. Las repercusiones de ello obligan a preguntar: ¿podrán gobernar Santa Cruz los que no respetan las leyes?
Si tales políticos admiradores del gobernador Luis Fernando Camacho hubieran leído el Art. 108. 1. de la Constitución Política del Estado, que dice: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución”, y leído su Estatuto Autonómico Departamental, seguro que no hubieran sacado a relucir su odio acumulado en el corazón y la mente, no hubieran mostrado su disfraz de demócratas, y no le hubieran hecho tanto daño al noble y culto pueblo de Santa Cruz de la Sierra que sabe que hay que respetar los votos que eligieron al Vicegobernador en la misma elección del Gobernador.
Saber que ese odio hizo que no respeten su Estatuto Autonómico, las leyes vigentes en Bolivia ni la Sentencia Constitucional referida saca a relucir que hay políticos que solo les interesa proteger sus intereses personales y de grupo usando la mentira, manipulando y engañando al pueblo boliviano, para crear problemas, desestabilizar al gobierno legalmente constituido con la finalidad de declararse Estado Federal y quedar impunes por los delitos que cometieron. Surge la pregunta ¿HAY, O NO, FUTURO POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN EN SANTA CRUZ?
