“Misión cumplida” parece ser el grito de satisfacción de la oposición debido a que el sabotaje sistemático y constante realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya tiene su primer fruto en tanto la calificadora de riesgo Standard & Poors redujo la calificación a Bolivia, con base en dos aspectos principales.
En el aspecto financiero, la mencionada entidad hace prevalecer que el margen de maniobra del Gobierno es muy limitado respecto a su capacidad de asegurar el acceso oportuno al financiamiento externo (crédito externo). Recordemos cómo los asambleístas opositores no aprueban la normativa legal para poder acceder a los créditos, bajo el pretexto de que estos estarían destinados al gasto corriente y se incrementaría el déficit fiscal. El argumento de esta falsedad se desmorona por sí solo debido a que las únicas entidades que otorgan créditos para gasto corriente son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que no comulgan con el modelo económico aplicado en nuestro país.
Los créditos “bloqueados” en la ALP son aquellos destinados a proyectos de inversión, otorgados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos de cooperación internacional. Sin embargo, esta “irracionalidad” de la oposición no es analizada por la calificadora de riesgo. Para ellos la no aprobación de las leyes de acceso al crédito debería tener una base técnica-financiera, sin imaginarse que la oposición solo persigue afanes electorales de perjudicar al Gobierno en lo económico sin medir las consecuencias para la población.
Otro aspecto es el rechazo a las modificaciones presupuestarias al Presupuesto General del Estado 2023. Trámite que duró casi tres meses, cuando se tenía emergencias por los desastres naturales como sequías, incendios y otros. Este bloqueo de asambleístas en leyes económicas tiene consecuencias negativas que afectan al desarrollo normal del país, aspecto detectado por organismos internacionales como la Standard & Poors, que emiten un criterio negativo respecto a la reducción de la credibilidad del país.
Bolivia es el único país donde la oposición política ataca a la economía nacional para tratar de desatar una crisis económica y, de este modo, se genere convulsión social para que en un futuro próximo aparezcan como los “salvadores” o héroes políticos. Mientras que, en la mayoría de los países, se unen extremos (izquierda y derecha), opositores y oficialistas, empresarios y obreros, para tratar de que la crisis económica internacional afecte lo menos posible a la nación, aplicando medidas coordinadas y cediendo en sus intereses. Lamentablemente, en Bolivia no ocurre eso y se ataca a la economía de forma despiadada.
Los intereses y las ideas políticas se deben discutir políticamente. Estas ideas e intereses no deberían interferir en el accionar económico, ya que cuando los asambleístas y los partidos políticos pierden una discusión solo pierde el partido o los asambleístas; pero cuando pierde la economía, no hay un ganador, sino que pierde todo el país, con consecuencias funestas, sobre todo en los sectores sociales más desposeídos.
Cuando los intereses políticos se mezclan con lo económico resultan irracionalidades como las que vimos y seguramente seguiremos viendo en nuestra Asamblea Legislativa.
