El proceso de privatización y capitalización, entendido como la enajenación total o parcial de las empresas públicas, marcó la historia del país. Inició formalmente con la Ley de Privatización de 1992 y la Ley de Capitalización de 1994, bajo los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, respectivamente, como consecuencia de una crisis económica e hiperinflación, resultado de la desestabilización económica y política heredada especialmente de la dictadura de Banzer. Estos factores debilitaron y colapsaron al gobierno de Unidad Democrática y Popular (UDP).
Mario Requena, en su documento ‘La Experiencia de Privatización y Capitalización en Bolivia’, señala que la privatización era la enajenación de las empresas pequeñas y medianas mediante el traspaso del 100% de la propiedad al sector privado. La primera enajenación fue la Fábrica de Aceites Comestibles ‘Rafael Deheza’, seguida por la venta de otras empresas, como el Ingenio Azucarero de Guabirá, transferido mediante una Sociedad Anónima Mixta, y el resto fueron cerradas. Además, los precios de venta de muchas de las empresas públicas fueron bajos en comparación con las inversiones estatales, generando sospechas de corrupción, manipulación del proceso y privilegios para ciertos grupos.
Posteriormente, la capitalización fue presentada como una alternativa a la privatización tradicional, que implicaba la transferencia parcial de las acciones de las empresas estatales estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), entre otras, a inversionistas privados, principalmente extranjeros, bajo el argumento de atraer capital externo; sin embargo, una parte significativa del control y la propiedad terminó en manos de estos inversores privados, mientras que la distribución de acciones entre la población boliviana tuvo un bajo impacto.
Estas reformas hicieron que Bolivia perdiera su soberanía nacional, además no lograron los objetivos de atraer mayor inversión extranjera, modernizar la economía, mejorar la eficiencia de las empresas, ni generar el empleo prometido. La riqueza del país fue explotada en beneficio de intereses externos, profundizando la dependencia hacia capitales foráneos y devastando la confianza en el Estado para administrar los recursos. Asimismo, se intensificaron las desigualdades, excluyendo a las clases trabajadoras y las comunidades indígenas originarias campesinas.
Frente al fracaso de estas políticas, surgió la nacionalización como una medida económica en la que el Estado retoma el control y la propiedad de las empresas públicas privatizadas y capitalizadas, es así que, con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo se fortaleció el papel de las empresas públicas, volviéndolas generadoras de excedentes económicos, con ingresos que pasaron de Bs 695 millones en 2005 a Bs 45.561 millones en 2023, lo que prueba su solidez y capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y operativos, fortalecer la actividad económica nacional, promover la creación de empleo y redistribuir recursos mediante políticas sociales e inversión pública.
En la actualidad, las empresas públicas contribuyen a la estabilidad de precios a través de la subvención de alimentos e hidrocarburos y promueven la política de industrialización con sustitución de importaciones, impulsando áreas como los biocombustibles, la agroindustria y la manufactura, entre otras, diversificando la economía y reduciendo la dependencia del sector externo.
Las políticas de privatización y capitalización postergaron el desarrollo nacional y permitieron que la riqueza del país beneficie a intereses transnacionales. Por ello, es importante que el Estado continúe con el control de las empresas públicas, velando por el cumplimento de su función estratégica en lo económico y social en el país, en pro del mayor bienestar de toda la población y con soberanía económica. También es importante cuidar la nacionalización, evitando cometer los errores del pasado que sirvieron de excusa para la privatización y capitalización de las empresas públicas.
Por: Gabriela Alanoca Flores (Economista e Ingeniera).
