El pasado 4 de enero, el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, con órdenes de su jefe Netanyahu, anunció un plan para “reformar el poder judicial”, limitando los poderes de la Corte Suprema (el máximo órgano judicial) y otorgando poder de control a la coalición de gobierno sobre el Comité de Designación de Jueces, así como para poner medidas que dificulten destituir al primer ministro; todo ello se traduce en poner un poder ilimitado en manos del gobierno.
Además, el gobierno quiere aprobar la llamada “cláusula de exclusión” que permitiría al Parlamento anular una decisión de la Corte Suprema por mayoría simple de votos. Si se adopta esta cláusula, podría usarse para anular una posible condena a Netanyahu, que tiene pendientes una serie de causas judiciales por corrupción. El parlamento israelí adoptó la cláusula de excepción en primera lectura a mediados de marzo y su aprobación definitiva debe ser votada en segunda y tercera lectura.
Todo ello hizo estallar numerosas protestas y manifestaciones, estimándose en unos 250.000 participantes en Israel y también manifestantes israelíes en el extranjero en ciudades como Berlín, Roma, Londres, Nueva York, San Francisco, Boston y Washington.
El 26 de marzo, Netanyahu despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, un día después de que éste pidiera al gobierno que detuviera la ley de “reforma judicial” tras las masivas manifestaciones.
El 27 de marzo, el jefe del sindicato Histadrut anunció una huelga general que paralizó el país para protestar por las enmiendas judiciales anunciadas. Tras las presiones y amenazas de los manifestantes esa misma noche el primer ministro israelí, Netanyahu, anunció el aplazamiento por tres meses de la “reforma judicial”. No obstante, Netanyahu pretende detener temporalmente las enmiendas para calmar las diferencias surgidas dentro de su gobierno hasta encontrar el momento más adecuado para ponerlo en práctica y así darse tiempo para pensar en otras herramientas y mecanismos para lograr la reforma judicial.
Netanyahu acordó con su ministro de Seguridad, Ben Gvir, posponer las enmiendas judiciales a cambio de establecer nuevas milicias para formar “una Guardia Nacional propia” formada por 1800 colonos y dotada de un presupuesto de 35 millones de dólares y a cuyo mando estará el mencionado ministro. El nombre de esta formación y su composición es una declaración oficial del nacimiento “legal” de una fuerza fascista-terrorista que se encontrará al margen de la ley de seguridad compuesta por policía, ejército y demás organismos de seguridad. Una vez que la creación de esta formación sea aprobada en el parlamento el próximo domingo, gracias a su mayoría, la dotará de una cobertura constitucional para formar un ejército paralelo al ejército regular israelí representado por el Ejército de Defensa.
Pretenden que la formación de la Guardia Nacional se convierta en el actor militar más peligroso de la región; estará formado por los grupos más extremistas, actuarán específicamente en lugares de Cisjordania y actuarán a diferentes niveles, como aparato de seguridad, aparato de inteligencia, como fuerza social y cultural y, además, como un bloque económico para captar financiación que le permita dar continuidad a sus objetivos.
Lo que distingue la formación de la Guardia Nacional del Ejército de Defensa es que el Ejército de Defensa está dentro de los marcos de seguridad y militares mientras que la Guardia Nacional incluye una nueva doctrina religiosa representada por el fundamentalismo intelectual bíblico, utilizándola para movilizar a la mayor cantidad de jóvenes y para convertirse en una fuerza social y cultural con una influencia más profunda que la del ejército.
El acuerdo entre Netanyahu y Ben Gvir es para dar legitimidad oficial a las bandas armadas neofascistas, que en manos de los extremistas podrían convertirse en una herramienta política para reprimir toda resistencia a su futura política.
El ex primer ministro israelí, Ehud Barak, dijo que el nombramiento de Itamar Ben Gvir a cargo de la Guardia Nacional es “un paso loco del primer ministro Benjamín Netanyahu”, añadiendo que “Ben Gvir ha sido acusado 53 veces y condenado en varias ocasiones, una de las cuales relacionada con el terrorismo”. El líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, escribió en Twitter el martes: “El payaso de TikTok (es decir, Ben Gvir) que quiere convertir su milicia de matones en una guardia nacional trae terror y violencia en todo el país”. El exsecretario de Estado adjunto Aidan Rule advirtió, en un tuit, que los activistas de la organización racista de derecha “La Familia” “se convertirán en la Guardia Nacional con armas y poderes”.
El primer ministro israelí está atrapado entre la llamada reforma del sistema judicial y el programa fascista de su coalición de gobierno; sus efectos se reflejarán no solo en la identidad del Estado, sino también en el programa y las políticas del gobierno en los territorios palestinos ocupados después de junio de 1967.
