La seguridad es un derecho fundamental y una necesidad básica para el bienestar de cualquier individuo. Sin embargo, en América Latina el acceso a la seguridad para las mujeres sigue siendo una cuestión profundamente desigual. Las mujeres enfrentan barreras estructurales, culturales y legales que perpetúan su vulnerabilidad a la violencia de género y limitan su acceso a mecanismos de protección adecuados.
América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, especialmente para las mujeres. Según datos de la Cepal (2022), cada año miles de mujeres son víctimas de feminicidio, la forma más extrema de violencia de género. Además, la violencia sexual, la violencia doméstica y la violencia en el espacio público son problemas prevalentes en toda la región. La mayoría de estos actos de violencia quedan impunes, lo que refleja un sistema de justicia deficiente que no protege de manera efectiva.
La discriminación estructural y la falta de acceso a mecanismos de protección para las mujeres se reflejan en la ausencia de políticas públicas adecuadas. Aunque muchos países de América Latina han promulgado leyes contra la violencia de género, su implementación es débil y está plagada de obstáculos burocráticos, falta de financiamiento y, a menudo, falta de voluntad política.
El acceso a la seguridad para las mujeres está íntimamente ligado a la calidad de las políticas públicas. La región ha sido testigo de avances legislativos en la última década, con leyes que abordan la violencia de género en países como Argentina, México, Colombia o Ecuador. Sin embargo, la discriminación persiste debido a múltiples factores como la corrupción, incipiente capacitación de operadores de justicia y los prejuicios dentro del sistema de justicia.
Además, la mayoría de los marcos legales en América Latina no consideran las intersecciones de identidad que afectan a las mujeres. Mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, LGTIQ+ y mujeres en situaciones de pobreza enfrentan múltiples formas de discriminación que agravan su vulnerabilidad a la violencia. Las políticas que no consideran estas intersecciones tienden a beneficiar a las mujeres de clase media urbana, dejando a otras mujeres marginadas sin recursos efectivos para su protección.
Más allá de las políticas públicas, la discriminación en el acceso a la seguridad para las mujeres en América Latina está profundamente arraigada en normas culturales patriarcales que perpetúan la violencia de género. Las expectativas de género tradicionales, que ven a las mujeres como subordinadas o como responsables de las tareas de cuidado, refuerzan la violencia y la inseguridad. Las creencias machistas, que son generalizadas en la región, no solo justifican la violencia contra las mujeres, sino que también influyen en la respuesta de las instituciones estatales encargadas de brindar seguridad y justicia.
Estas normas culturales afectan tanto a los perpetradores de la violencia como a las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. La revictimización en los sistemas de justicia penal es un claro ejemplo. Las mujeres que denuncian la violencia a menudo son cuestionadas, desacreditadas o ignoradas, lo que perpetúa un ciclo de silencio e impunidad. La discriminación cultural también afecta la percepción de las mujeres sobre la seguridad, haciendo que muchas no confíen en el sistema para buscar protección.
A pesar de estos desafíos, algunos países han avanzado en la creación de espacios seguros y políticas inclusivas para las mujeres. Por ejemplo, el sistema de justicia en Argentina ha mostrado un enfoque proactivo con el uso de unidades especializadas en violencia de género que brindan servicios integrales de atención. Brasil ha implementado Casas de la Mujer, que ofrecen un enfoque integral para apoyar a las mujeres que sufren violencia, proporcionando acceso a justicia, salud, empleo y empoderamiento económico en un solo lugar.
Otro enfoque prometedor es la movilización social y el activismo feminista en la región. Movimientos como Ni Una Menos en Argentina han logrado poner la violencia de género en la agenda pública y política, presionando por políticas más inclusivas y una mayor rendición de cuentas del Estado.
En última instancia, asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no es solo una cuestión de políticas públicas, sino de transformar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género.
Escrito por Soledad Buendía Herdoíza.
