América Latina, en los últimos tiempos, se ha convertido en un territorio silenciado por las corporaciones mediáticas, las cuales ejercen un control comunicacional sobre algunos gobiernos en materia publicitaria.
Lo que sucede en Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay carece de importancia informativa cuando se trata de la violación de los derechos humanos de sus habitantes.
Para la hegemonía comunicacional y gansteriana, liderada por los medios americanos, Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras y México, ante sus formas de gobierno, son regímenes antidemocráticos, donde la violación de los derechos humanos es la narrativa que construyen para presentarlos como los responsables del retroceso económico, social, cultural y político, con el fin de ir sembrando en la psiquis de sus habitantes el cambio inmediato del modelo progresista que se ejerce en estos países.
Esa tarea es la que ha activado la ultraderecha venezolana con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la dirección de Luis Almagro, el Departamento de Estado del Gobierno gringo y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), bajo la presidencia del salvadoreño José Roberto Dutriz, quien en su discurso de toma de posesión, el 20 de octubre, en Córdoba, Argentina, precalificó a Venezuela, Cuba, Ecuador, México y Nicaragua como países donde la violencia proviene del crimen organizado. Sin mirar por el retrovisor, Dutriz, como todo empresario de la hegemonía comunicacional, se hace la ovejita e insiste en que en estos países enfrentan serios retrocesos. Califica al periodismo como una profesión altamente peligrosa con crecientes amenazas, desde censura, violencia física y encarcelamiento, hasta asesinatos y exilios forzados. Esas son las palabras de quienes, arrodillados ante el imperio, son incapaces de comentar las carencias de aquellos que trabajan en la industria de la prensa, con bajos sueldos, insuficiencia de calorías para tener una buena alimentación y la carencia de vivienda propia.
Estos estafadores de la dignidad de los pueblos han hecho de la comunicación una forma para intervenir en la soberanía y la independencia de quienes, como en Venezuela, sustentan su democracia en una Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999, por el pueblo mediante un referéndum, donde los valores superiores de la república constituyen las bases éticas en las cuales se fundamenta la misma: libertad, igualdad, justicia y paz internacional.
Hoy más que nunca el pueblo venezolano está claro que el 10 de enero de 2025 asumirá como presidente reelecto Nicolás Maduro. La ultraderecha quedará, una vez más derrotada, con un excandidato presidencial que se exilió en España con el fin de pelear con la oposición el control de los activos de Venezuela en el exterior.
Quien pretenda, a lo interno de Venezuela, reconocer que González Urrutia es el líder de la oposición, olvida que la representación que tienen los opositores “decentes” que hacen vida en la Asamblea Nacional son los guardianes, junto con los diputados socialistas, de la verdadera democracia que se vive en la patria de Bolívar.
Escrito por William Gómez García.