El intento de golpe de Estado ha sido una seria llamada de atención a la fragilidad de la democracia boliviana.
Este hecho debe ser debidamente abordado ya que como “todo accionar es político”, está asociado a políticas que afectan a cada sector, por ello la denuncia debe ser constante de TODOS los sectores, organizaciones sociales, carteras de Estado desde sus diversas divisiones, centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y autárquicas, así como el Legislativo y gobiernos subnacionales. Solo para recordar que la denuncia no debe reducirse únicamente al Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación, Cancillería y Ministerio de Gobierno, quienes continúan denunciando en cada espacio lo sucedido, sino a todos los actores, ya que un golpe de Estado consumado implica modificaciones y retrocesos en las políticas de gobierno que van desde lo social, económico, ambiental, productivo, sector salud, judicial, educacional etc., así como lo vimos con el golpe del año 2019. (Compra de aparato represivo con sobreprecio, clausura del año escolar, devolución de tierras a logieros, persecución política, concesiones que afectan al medioambiente, posible privatización, daño al aparato productivo).
Es así que mediante estas dinámicas de denuncia permanente es necesario que aquellos espacios de gobierno y organizaciones sociales que no se han pronunciado o que han dejado de hacerlo y que teniendo las capacidades comunicacionales, de interacción y coordinación social, además de convocatoria mediática, deben realizar la denuncia y replica, pero algunas de ellas continúan sin otorgar la importancia a lo sucedido, pensando que cada sector debe en esta situación atenerse al dicho de “zapatero a tus zapatos”, aspecto que es ERRÓNEO.
Un golpe de Estado afecta a todos y todas, sin distinción, pero implica en primera etapa la eliminación del enemigo político mediante mecanismos judiciales, de violencia estatal, como sucedió en 2019 y por ende retroceso en avances sociales a favor de mayorías.
Esperamos que esto permita recapacitar a cada sector (del Gobierno central, subnacional, legislativo, judicial, organización social), que más allá de esas tensiones creativas sectoriales, que existían desde siempre, prioricen la defensa de la democracia, no siendo útiles (por acción o inacción) a sectores reaccionarios que desean que la bota militar retorne al poder como en los años 70.
