La reciente decisión de eliminar artículos clave del Presupuesto General del Estado no es un simple ajuste legislativo, sino un ataque frontal contra la estabilidad económica del país.
Con una maniobra irresponsable, se ha puesto en riesgo el financiamiento del Estado, la inversión productiva y el sustento de miles de bolivianos, todo bajo el pretexto de una supuesta revisión técnica que, en realidad, esconde una peligrosa intención de boicot.
Esta acción afecta directamente la capacidad del Estado para obtener recursos mediante bonos soberanos y bonos de carbono, mecanismos esenciales para ejecutar políticas públicas y sostener proyectos estratégicos. Sin estas herramientas, se restringe el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables, elevando el costo del crédito y limitando la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia económica.
Más preocupante aún es el impacto sobre la industria y la producción nacional. La eliminación de incentivos tributarios para la importación de maquinaria y bienes de capital frena el proceso de industrialización y perjudica a sectores clave como el agropecuario, el minero y el manufacturero. Al bloquear la reinversión empresarial, se socavan las bases del crecimiento productivo y se ponen en riesgo miles de empleos en todo el país.
El golpe a la estabilidad económica no termina ahí. Al derogar la reanudación de facilidades de pago para contribuyentes, se deja en el limbo a más de 50.000 personas y empresas que confiaban en estas medidas para regularizar su situación tributaria. Sin estas facilidades, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentarán serios problemas de liquidez, lo que podría derivar en una ola de cierres y despidos.
Otro punto crítico es la supresión de incentivos a la producción de biodiésel, una decisión que afecta directamente a los productores agrícolas y a la seguridad energética del país. En lugar de fortalecer el desarrollo de fuentes de energía alternativas que reduzcan la dependencia de las importaciones, se está debilitando una industria con un enorme potencial de crecimiento y generación de empleo.
El impacto social de esta medida es innegable. Al afectar la subvención de alimentos y combustibles, se golpea directamente a las familias bolivianas, elevando el costo de vida y generando incertidumbre en los sectores más vulnerables. También se pone en riesgo el acceso a la vivienda social, dificultando el sueño de miles de bolivianos de contar con un hogar propio.
La educación y la salud tampoco han sido ajenas a este ataque. La eliminación de artículos que garantizaban recursos para la remuneración y escalafón de estos sectores esenciales pone en entredicho el compromiso con el bienestar de la población. Sin financiamiento adecuado se debilitan los servicios públicos y se deteriora la calidad de vida de la gente.
Este sabotaje legislativo no solo afecta la economía en el corto plazo, sino que genera un ambiente de inseguridad jurídica que disuade la inversión y limita el crecimiento. Ningún país puede avanzar si sus propias instituciones bloquean las herramientas necesarias para su desarrollo.
Resulta evidente que detrás de esta maniobra hay una intención política de obstaculizar la gestión económica, generar incertidumbre y frenar el avance del país. No se trata de una discusión técnica sobre el presupuesto, sino de un intento deliberado de poner trabas a una política económica que ha demostrado ser efectiva.
Bolivia necesita estabilidad y continuidad en sus políticas económicas. Cualquier intento de boicotear el desarrollo nacional debe ser rechazado con firmeza. No se puede permitir que intereses políticos pongan en riesgo el bienestar de millones de bolivianos. La economía del país no puede ser utilizada como un campo de batalla para agendas partidarias, porque los únicos que terminan perdiendo son los bolivianos.
La Paz/AEP
