En un contexto de desafíos económicos y sociales, el Gobierno nacional ha promulgado un decreto supremo que permite de manera excepcional, y durante un año, la importación y comercialización de combustibles por parte de privados. Esta decisión no solo busca acelerar la reconstrucción económica, sino también garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el país, una necesidad urgente para diversos sectores productivos y para la población en general.
Detalles de la medida
El decreto autoriza a personas naturales y jurídicas a importar y comercializar combustibles bajo estrictas condiciones. Estas incluyen la obligación de contar con permisos emitidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, además de respetar parámetros de calidad y evitar prácticas monopólicas.
La iniciativa distingue dos modalidades de comercialización:
- Para sectores específicos, como el agropecuario, industrial y minero, que dependen directamente de un suministro constante para operar.
- Para el público en general, mediante estaciones de servicio, ampliando el alcance de la medida.
Además, los combustibles importados por privados estarán diferenciados de los productos subsidiados por YPFB, según reglamentos que serán emitidos oportunamente por la ANH.
Beneficios inmediatos para la población y la economía
Esta medida es una respuesta a la problemática de desabastecimiento generada por factores estructurales y coyunturales. Por un lado, la caída en la producción de hidrocarburos, consecuencia de una gestión pasada que descuidó la inversión y exploración. Por otro, los bloqueos recientes, que afectaron gravemente la cadena de importación y distribución, causando un impacto económico estimado en más de $us 2.100 millones.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, destacó que la medida está en línea con la premisa del Gobierno de gobernar escuchando al pueblo, asegurando que los precios subsidiados de YPFB se mantendrán y que esta apertura no representa un “gasolinazo”.
Un impulso al sector productivo
La autorización de importación por privados permitirá a sectores clave contar con el combustible necesario para continuar produciendo y generando empleos. La agroindustria, la minería y otras actividades económicas podrán operar con mayor normalidad, asegurando la sostenibilidad de las cadenas de suministro y la estabilidad del mercado interno.
Compromiso con la soberanía energética
Es importante subrayar que esta medida no significa un retroceso en la política de nacionalización de los hidrocarburos. Por el contrario, representa un complemento temporal para afrontar una coyuntura compleja sin descuidar los compromisos asumidos por el Estado. El Gobierno continuará trabajando para fortalecer la producción nacional y evitar futuras crisis de abastecimiento.
Una decisión acertada y oportuna
Con este decreto supremo, el Gobierno demuestra su capacidad para responder de manera pragmática a las necesidades del país, priorizando el bienestar de la población y la reactivación económica. Permitir la participación de privados en la importación y comercialización de combustibles no solo aliviará la presión sobre los recursos estatales, sino que también promoverá una mayor competitividad en el mercado, en beneficio de todos los bolivianos.
En momentos de adversidad, medidas como esta son un recordatorio de que la coordinación entre sectores públicos y privados es clave para superar los desafíos y construir un futuro más próspero.
Por: Martín Moreira (Forma parte de la Red de Economía Política de Boliviana)
