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El embarazo adolescente es un fenómeno social de causas multifactoriales. Foto RRSS

Defensoría: Alarmante incidencia de matrimonios infantiles y embarazos forzados

La investigación de la Defensoría del Pueblo revela la necesidad de implementar políticas integrales que protejan los derechos de las niñas y adolescentes.

Un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo reveló una preocupante realidad sobre los matrimonios infantiles y los embarazos forzados en el país.

Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Género Generacional de la institución, lideró una investigación exhaustiva que arroja luz sobre esta problemática que afecta a niñas y adolescentes.
La investigación, explicó la experta a RTP, fue llevada a cabo el año pasado y se centró en dos ejes principales: matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, y embarazos infantiles forzados.

Para ello, precisó Sánchez, se entrevistaron a 73 niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 17 años.

“Según datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), se han registrado 487 casos de matrimonios de menores de 13, 14 y 15 años desde la promulgación de la Ley 603, que paradójicamente prohíbe el matrimonio infantil y adolescente”, indicó la jefa de la Unidad de Género Generacional de la Defensoría del Pueblo.

Las cifras, remarcó, “expresan la brecha entre la legislación y la realidad social del país”.

El estudio reveló casos alarmantes, como el de una adolescente de 17 años que, debido a dificultades económicas familiares, se vio obligada a contraer matrimonio con un hombre de 80 años.

Además, se documentaron situaciones en las que adolescentes embarazadas fueron expulsadas de sus hogares, viéndose forzadas a vivir con sus agresores.

“Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de abordar no solo los aspectos legales, sino también los factores socioeconómicos y culturales que perpetúan estas prácticas”, señaló.

La investigación de la Defensoría del Pueblo, dijo, pone de relieve la importancia de implementar políticas integrales que protejan los derechos de las niñas y adolescentes en Bolivia.

AEP/Mac


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