El contrato del crédito finaliza en noviembre de este año y si el próximo gobierno no lo recupera, se perdería este apoyo financiero.
Bolivia podría perder un crédito crucial de $us 100 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), debido al bloqueo de más de dos años y al rechazo del proyecto de Ley N° 156/2023-2024 por parte de asambleístas de oposición y el evismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, manifestó que el contrato de crédito finalizará en noviembre de este año. Aunque existe la posibilidad de una ampliación, ésta dependerá exclusivamente de la solicitud del próximo gobierno boliviano, generando incertidumbre sobre la continuidad del apoyo internacional.
“El contrato de 100 millones de dólares de crédito acabará este noviembre, pero podemos ampliarlo. Ya lo hemos hecho muchas veces. El problema es que coincide justo con el cambio de gobierno”, explicó Onomura. Esta situación deja en manos de la próxima gestión la decisión de recuperar o perder un apoyo financiero.
Este préstamo estaba destinado a reponer recursos erogados durante la pandemia, atender desastres climáticos y garantizar el voto de bolivianos en el exterior en las elecciones generales de 2025.
El pleno de la ALP debatió en abril de este año el proyecto de ley, suscrito el 30 de marzo de 2023, pero la iniciativa fue nuevamente rechazada. La negativa provino de legisladores que, priorizando acuerdos entre facciones de la oposición y el evismo, dejaron sin respaldo financiero a municipios y departamentos que enfrentan una profunda crisis por desastres naturales y necesidades sociales urgentes.
Durante las sesiones cuarta y quinta ordinarias de la Asamblea, el proyecto fue discutido durante casi siete horas sin lograr la mayoría necesaria para su aprobación en grande.
Además del crédito con JICA, la Asamblea mantiene paralizados otros préstamos internacionales destinados a inversión pública. La falta de aprobación de estos recursos compromete la reactivación económica y perjudica directamente a millones de bolivianos que esperan soluciones a sus problemas más urgentes.
AEP
