Entre las normas que no se tratan están una ley del litio y los contratros con empresas extranjeras.
El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, advirtió de un “entorpecimiento político” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que impide la aprobación de la normativa y los contratos del litio en esta instancia, lo que estanca inversiones millonarias en el país.
“Hasta ahora no se puede avanzar en ese proyecto de ley del litio; y nuevamente el entorpecimiento que ha habido en ese entonces, como existe en este momento para los proyectos de ley que aprueban los contratos es un entorpecimiento político”, explicó la autoridad, y enfatizó en que, en su opinión personal, es importante la existencia y vigencia de una ley del litio.
Actualmente hay posiciones contrapuestas en la ALP respecto a la aprobación de las normas mencionadas. Mayta lamentó que esta situación se da por factores electoralistas.
“Yo pienso que ninguno de los proyectos se va a aprobar inmediatamente, es también una opinión personal, por la situación en la que nos encontramos. Nuevamente es un tema político, un tema electoralista, nadie sale con una propuesta clara”, afirmó.
La aprobación de una ley del litio y de los contratos es imprescindible para el crecimiento y generación de una industria nueva, destacó Mayta. “Estamos hablando de algo que no hemos hecho en nuestra vida en el país, ¿no?
Todas las veces que hemos tratado de hacer, lo hemos dejado ahí, lo hemos entorpecido, lo hemos perjudicado políticamente porque nadie tiene la claridad”.
Agregó que se abrió una puerta para el país y es el momento de decidir “si se da un paso hacia adelante o un paso hacia atrás”.
En septiembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato con la rusa Uranium One Group para la implementación de una planta de extracción directa de litio (EDL); en noviembre, similar documento se suscribió con la china Hong Kong CBC para dos plantas industriales.
Si se aprueban los dos contratos en la ALP, se garantiza la llegada a corto y mediano plazo de un total de $us 2.000 millones. El Gobierno denunció que, una vez que los documentos fueron remitidos a la ALP, en lugar de acelerar su tratamiento, algunos diputados y senadores “de la derecha y el ala radical evista empezaron a tergiversar el tema”.
Entre los actores políticos se identificó a diputados, senadores, precandidatos y exautoridades que lanzan advertencias sobre contratos supuestamente “entreguistas”, sin conocerlos a detalle. También a instituciones potosinas, “claramente influidas por los primeros y con intereses políticos de por medio”; cívicos y diversas asociaciones no necesariamente representativas de las bases sociales, que anuncian protestas en rechazo a los contratos.
AEP
