La norma (el Decreto 4910) “no restringe” el suministro de combustibles al transporte público ni privado, ni a las actividades productivas.
La Paz, 17 de abril de 2023 (AEP).- Las medidas para controlar la venta de hidrocarburos permitirán ahorrar $us 250 millones este año y neutralizar el desvío de al menos 250 millones de litros de combustible destinados a las actividades ilegales, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.
“Se pretende con esta primera medida de control en la comercialización de combustibles el ahorro de alrededor de $us 250 millones que hoy están destinados al mercado negro, al contrabando y hacia otras acciones y actividades ilegales”, destacó.
La Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, a través de una serie de medidas establecidas en los Decretos Supremos 4910 y 4911 para reforzar el control al expendio en las estaciones de servicio, reducirá la reventa de carburantes y garantizará un precio estable para la población.
El Gobierno, a través de los ministerios de Hidrocarburos, Gobierno, Defensa y Economía, lanzó esta política que involucra modificaciones a la normativa y mecanismos rigurosos de control a los surtidores.
“El Decreto 4910 busca no solo establecer la lucha contra el contrabando, sino también iniciar acciones de control, fiscalización y regulación por parte de las instituciones del Estado”, donde las Fuerzas Armadas y Policía harán la parte operativa, explicó Molina en entrevista con Bolivia TV.
Un estudio previo ya identificó las zonas llamadas de riesgo, que no solo están en las fronteras, sino también en algunas ciudades intermedias. En estas regiones estarán focalizadas las tareas de interdicción al contrabando, indicó.
El combustible también es desviado para autos “chutos o ilegales” y la minería ilegal. Otra área de acción precisamente será la reventa de combustibles con el registro, por ejemplo, de productores agropecuarios y la prohibición de venta a menores de 18 años.
“Se ha identificado que, de los 250 millones de litros que más o menos se desvían a esta actividad, el 80% está destinado a la actividad ilícita, vale decir expendio de revendedores, bidoneros, minería ilegal y autos ‘chutos’, etc., y el 20% sale vía contrabando”, reveló.
Molina reconoció que las “medidas son bastante fuertes”, pero consideró que son necesarias para enfrentar la actual problemática y “preservar los combustibles subvencionados y los recursos naturales”.
Dijo que la norma (el Decreto 4910) “no restringe” el suministro de carburantes al transporte público ni privado, ni a las actividades productivas.
“Todos los que cuenten con el registro B-SISA tienen que estar totalmente tranquilos, que se preocupen todos que los que están llevando adelante actividades ilícitas destinadas al contrabando y a la minería ilegal. Vamos a ser implacables”, manifestó.
El ministro añadió que se intensificaron los controles en zonas de riesgo como Puerto Suárez, (Santa Cruz) Guayaramerín, Riberalta (Beni), Desaguadero (La Paz) y Cobija (Pando), que se encuentran en áreas fronterizas.
