El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó de los acuerdos alcanzados con la dirigencia del empresariado en una reunión realizada en la ciudad de La Paz.
La disposición séptima de lucha contra el agio y la especulación del Presupuesto solo se aplicará cuando sea reglamentado, y la demanda de derogación de la norma debe estar dirigida al Legislativa, establecieron el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó de los acuerdos alcanzados con la dirigencia del empresariado en una reunión realizada en la ciudad de La Paz.
“Hemos tenido una importante reunión con la Confederación de Empresarios Privados. Hemos acordado tres temas muy importantes que tiene que saber la población y sobre todo los sectores que observan esta disposición séptima”, explicó.
El primer acuerdo aclaró que “la derogación que los empresarios solicitan de esta disposición” no está en manos del Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa. “Así que tiene que ser muy clara la solicitud o la posición que pongan estos sectores que observan esta disposición séptima”, consideró.
El segundo punto del acuerdo está relacionado a que, mientras no haya una reglamentación de la disposición séptima no puede ser aplicada, “por lo tanto, no hay porqué tener una susceptibilidad o porqué, en este momento, calentar el ambiente”.
El último punto prevé que los empresarios deben plantear un cronograma, para continuar las reuniones sobre la disposición séptima, que busca luchar contra el agio y la especulación.
“Queremos seguir coordinando para que podamos ver las fechas adecuadas, sobre todo el planteamiento de ellos. Queremos estar abiertos, que ellos vayan planteando las fechas, y no seguir desgastándonos”, consideró Flores.
“El Gobierno ha manifestado siempre que el diálogo es el camino para resolver este tipo de inconvenientes, que obviamente han sido generados en algunos casos hasta con un sentido político, pero nosotros vamos a seguir dialogando”, insistió.
Los empresarios, industriales, gremiales y transporte pesado cumplieron el lunes un paro que no tuvo convocatoria, exigiendo la anulación de la disposición séptima.
ABI
