Defensa del Consumidor pide a Emapa aplicar las sanciones correspondientes.
todo el país, las autoridades hallaron pan de batalla por debajo del gramaje reglamentario en 160 de estos establecimientos, evidenciando un incumplimiento al convenio de subvención establecido con el sector panificador federado.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que estos controles se ejecutaron en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Emapa y el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), con el fin de garantizar que la subvención a la harina se traduzca en un pan accesible para la población, cumpliendo el precio y peso establecido.
“Estamos entregando harina a Bs 109 el quintal, cuando en el mercado está a Bs 430 o 450, con el único propósito de que el pan de batalla pese 60 gramos y cueste máximo 50 centavos. Sin embargo, en la mayoría de los casos hemos encontrado panes con 40, 45 y hasta 50 gramos”, explicó.
Silva denunció que algunos dirigentes del sector panificador estarían cobrando montos adicionales a los panificadores por cada quintal de harina subvencionada, además de casos en los que el insumo es revendido ilegalmente o incluso desviado a países vecinos, como el Perú.
“Es un abuso. El pueblo boliviano hace un esfuerzo para garantizar la subvención de combustibles e insumos, y hay personas que se aprovechan para generar ganancias ilícitas. Por eso hemos pedido a Emapa que aplique las sanciones correspondientes a quienes incumplan el convenio”, advirtió.
Según datos del Viceministerio de Defensa del Consumidor, en el país existen 1.996 panificadores registrados, de los cuales aproximadamente 700 están en El Alto y 600 en La Paz.
Estos extremos fueron denunciados por los panaderos independientes, que no se benefician de la subvención, pero denunciaron que los federads incluso usan sustancias como el bromato para obtener mayor rendimiento sin usar tantos insumos.
Silva expresó preocupación por el futuro del control de precios, ante la posibilidad de que el próximo gobierno elimine los mecanismos de fiscalización.
AEP
