El proyecto impulsado por el Gobierno cumple más de cuatro años desde que se dio el primer paso oficial por medio de una convocatoria internacional.
El proyecto de industrialización del litio con tecnología de EDL, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce, cumple más de cuatro años desde que se dio el primer paso oficial. Sin embargo, pese a los avances técnicos y la suscripción de contratos, el proceso continúa a la espera de resultados definitivos.
Un factor principal para el no avance del proyecto es la paralización en la Asamblea Legislativa de los contratos estratégicos.
Historia
Según datos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos, el proceso comenzó en abril de 2021, cuando la estatal de litio lanzó una convocatoria pública internacional para seleccionar empresas que implementen la tecnología de extracción directa de litio (EDL) en los salares del país. “Asumimos con gran responsabilidad el desafío de industrializar el litio y convocamos a las compañías más prestigiosas del mundo (...)”, recordó recientemente el presidente Arce en sus redes sociales.
Más de 21 empresas internacionales manifestaron su interés en participar. Las propuestas fueron sometidas a un riguroso análisis técnico por parte de una comisión evaluadora de YLB, y solo ocho firmas fueron seleccionadas para pasar a una segunda fase de pruebas, representando a países como Estados Unidos, China, Rusia y Argentina.
En 2022, las empresas seleccionadas hicieron pruebas de laboratorio con muestras de salmuera boliviana, aplicando sus respectivas tecnologías. De estas, solo seis lograron presentar resultados completos, entre ellas Catl Brunp & Cmoc (CBC) y Uranium One Group, cuyos métodos demostraron ser compatibles con las características de los salares bolivianos, con tasas de recuperación de litio entre 80% y 90%, frente al menos del 25% que logra la evaporación solar tradicional.
Luego de esta etapa, YLB firmó convenios preliminares en 2023 para validar las tecnologías y elaborar estudios técnicos, económicos y medioambientales. Con estos estudios concluidos, se firmaron dos contratos estratégicos: el primero, en septiembre de 2024 con Uranium One Group, para construir una planta de EDL en el salar de Uyuni con capacidad de 14.000 toneladas anuales; y el segundo, con CBC Hong Kong CBC Investment Limited, para instalar dos plantas industriales que producirán 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
Ambos contratos fueron remitidos en noviembre de 2024 a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde entonces los acuerdos están paralizados.
“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos”, apuntó el presidente Arce.
Pérdida de ingresos millonarios
El Gobierno advirtió de que, si no se aprueban los contratos firmados con empresas internacionales para industrializar el litio, Bolivia podría perder ingresos millonarios y una oportunidad histórica. La proyección del precio internacional del carbonato de litio para 2030 supera los $us 30.000 por tonelada —actualmente está alrededor de $us 9.000—, y cualquier retraso podría dejar al país fuera de un mercado altamente competitivo y estratégico.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías instó a la Asamblea Legislativa a considerar el contexto económico global y anticiparse a esta tendencia ascendente. “Si no se aprueban los contratos, Bolivia perderá una gran oportunidad y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo”, señaló la cartera en un comunicado emitido este mes.
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, sostuvo que el Estado debe tomar decisiones con visión de futuro. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, afirmó en una entrevista con radio Fides.
Arnez destacó que este proceso comenzó en abril de 2021, cuando YLB lanzó una convocatoria internacional que generó gran expectativa global. “No se trata de una aprobación a la salida del Gobierno, como dicen algunos sectores, sino de un paso dentro de los procedimientos establecidos desde hace más de cuatro años”, recalcó.
AEP
