El motivo, alerta, no fue una falta de voluntad técnica o política del Ejecutivo, sino el sabotaje sistemático a una ley clave.
Para el analista económico Fernando Chuquimia, Bolivia enfrenta hoy un serio riesgo reputacional luego de haber sido incluida, el 13 de junio de 2025, en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El motivo, alerta, no fue una falta de voluntad técnica o política del Ejecutivo, sino el sabotaje sistemático a una ley clave: la que combate la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
“El presidente Arce ya había promulgado en 2021 una ley específica, pero fue abrogada por presión de distintos grupos movilizados y por campañas de desinformación”, recordó Chuquimia, quien detalló que en los años siguientes se intentó reponer una normativa similar, sin éxito. “Eso nos ha pasado factura”, dijo.
El GAFI, organismo intergubernamental compuesto por 187 países, lidera la lucha global contra delitos financieros. En sus evaluaciones exige una ley que contemple metodologías, herramientas e instrumentos específicos para prevenir el blanqueo de capitales. “Lamentablemente, Bolivia no tiene esa norma vigente y, por eso, entramos a la lista gris, bajo mayor vigilancia y supervisión internacional”, señaló el experto.
Según el analista, el país tiene ahora aproximadamente dos años para corregir las deficiencias señaladas por el GAFI. El nuevo gobierno y la futura Asamblea Legislativa deberán asumir la responsabilidad de aprobar una ley que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales. De no hacerlo, la situación podría agravarse.
“Si no se cumple con la recomendación, Bolivia podría pasar de la lista gris a la lista negra. Y eso sería gravísimo”, alertó. El ingreso a ese grupo implicaría severas restricciones al crédito internacional, fuga de capitales y la imposibilidad de integrarse a nuevos bloques económicos. “Se trata de una alerta roja que afecta la credibilidad del país entero”, añadió.
Chuquimia recordó que Bolivia ya enfrentó un episodio similar en 2011. En ese entonces, el país también fue incluido en la lista gris, pero logró salir en 2013 gracias a un plan estratégico diseñado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce. “Es posible revertir este escenario, pero se necesita decisión institucional y compromiso legislativo”, sostuvo.
A su juicio, el desafío es doble: no solo se trata de aprobar una ley técnicamente solvente, sino de combatir nuevamente la desinformación que en 2021 provocó el rechazo a la Ley 1386. “Muchos sectores fueron manipulados con argumentos falsos, como que la norma iba a criminalizar las protestas o perseguir al gremialismo. Eso nunca fue cierto”, explicó.
Finalmente, el analista exhortó a los nuevos tomadores de decisiones a actuar con responsabilidad. “No podemos seguir protegiendo privilegios con base en mentiras. Bolivia necesita recuperar su imagen, garantizar transparencia y evitar que la puerta a los delitos financieros siga abierta”, concluyó.
AEP
