En agosto de 2021, el Gobierno promulgó la Ley 1386, que marcaba un hito: obligaba a reportar operaciones sospechosas, legalizaba técnicas especiales de investigación y facultaba al Ejecutivo a emitir normas complementarias vía decreto.
IMPULSO INICIAL
En agosto de 2021, el Gobierno promulgó la Ley 1386, que marcaba un hito: obligaba a reportar operaciones sospechosas, legalizaba técnicas especiales de investigación y facultaba al Ejecutivo a emitir normas complementarias vía decreto. No obstante, la norma fue rápidamente blanco de críticas por parte de gremios y transportistas, en una campaña liderada por Luis Fernando Camacho junto a comités cívicos y sectores civiles, que la calificaron como “la madre de todas las leyes”.
Políticos de derecha, basados en un relato carente de sustento, insistieron en que el gobierno buscaba reprimir las protestas sociales y consolidar un abuso de poder. Este mensaje, repetido hasta el cansancio en medios y redes sociales, sembró pánico en la población. En menos de una semana, las movilizaciones escalaron a un paro indefinido y bloqueos que generaron millonarias pérdidas económicas para el país y para los sectores que viven del comercio diario.
Frente a esta presión, el Legislativo aprobó la Ley 1409 en noviembre de 2021, que abrogó la 1386 y eliminó incluso los avances institucionales en transparencia y coordinación financiera.
“El país perdió todo el sistema de técnicas de investigación básicas y esenciales exigidas por organismos internacionales”, lamentó Montenegro el 5 de junio de 2025, al recordar las iniciativas del Gobierno para evitar que Bolivia cayera en la “lista negra” del GAFI. Pocos días después, el 13 de junio, el escenario anticipado se concretó: Bolivia fue nuevamente incluida en la “lista gris”, tras el bloqueo sistemático a las leyes contra las ganancias ilícitas desde 2021.
Montenegro recordó que el Ejecutivo hizo esfuerzos significativos para explicar el alcance de la norma a diversos sectores sociales. Mencionó talleres y socializaciones en Cochabamba y El Alto con gremialistas, comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos. “No se perseguía al pequeño gremial, como hicieron creer algunos malos asambleístas de la coalición opositora”, subrayó.
Aun así, a partir del 11 de octubre de 2021 comenzaron a manifestarse protestas en varias ciudades del país, impulsadas por sectores empresariales, religiosos y políticos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, por ejemplo, pidió suspender el tratamiento de la ley.
El 28 de diciembre de ese mismo año se conoció que varios líderes políticos y miembros de las logias cruceñas, involucrados en casos de ítems y contratos fantasmas, así como en el financiamiento de campañas desde la Gobernación de Santa Cruz, también se opusieron a la Ley 1386.
Así lo denunció el diputado del MAS Juanito Angulo, quien aseguró que los mismos actores políticos que impulsaron la ruptura del orden constitucional en 2019 se opusieron a la norma porque permitía el seguimiento a actos de corrupción. Señaló directamente a los aliados de Comunidad Ciudadana, Creemos, Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social. “Hoy nos damos cuenta de por qué se oponían”, afirmó.
OTRA PROPUESTA
En septiembre de 2021, el gobierno del presidente Arce presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 218-20 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. Luego de más de 12 horas de debate, fue aprobado por esa instancia legislativa. Aún más ambicioso que su antecesora, esta propuesta integraba al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, disposiciones que penalizaban no solo el lavado de dinero, sino también el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas, con penas de hasta 20 años de cárcel.
El proyecto fortalecía los mecanismos para combatir las ganancias ilícitas, pero no llegó a tratarse en el Senado debido a las tensiones sociales que se generaron. “La oposición transmitió miedo infundado a los pequeños comerciantes, generando una agitación social que impidió la consolidación de esta normativa”, lamentó el ministro de Economía en una declaración reciente.
Por un lado, dirigentes afines a Camacho y sectores mal informados creían que la norma criminalizaría métodos legítimos de protesta, como los bloqueos. El entonces ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aclaró el 11 de octubre de 2021 que el tratamiento del proyecto fue suspendido. Explicó que el objetivo era combatir delitos como los revelados en las investigaciones periodísticas de los Pandora Papers y los Panamá Papers.
“Esta ley está destinada a combatir los Panamá Papers, a combatir los Pandora Papers, a identificar millones de dólares que salen del país, no de los gremialistas ni del pueblo boliviano, sino de malos empresarios, políticos corruptos, narcotraficantes y organizaciones criminales”, sostuvo la autoridad.
Aclaró que el proyecto se enmarcaba en la Constitución Política del Estado y que algunos actores políticos lo distorsionaron para atemorizar a la población. Subrayó que la norma no se dirigía contra organizaciones sociales. “Se está tergiversando el contenido de la ley. No ataca a gremiales ni a sectores sociales, que de ninguna manera pueden ser vulnerados en sus derechos. Somos el gobierno de los movimientos sociales y estamos para protegerlos”, remarcó.
Entre los nombres involucrados en escándalos financieros internacionales figura el cruceño Luis Fernando Camacho, señalado en los Panamá Papers por evasión de impuestos y uso de paraísos fiscales. Según el periódico La Razón, Camacho creó tres sociedades como intermediario: Navi International Holding, Medis Overseas Corp y Positive Real Estates; fue además beneficiario de las dos últimas como “officer”.
También Branko Marinkovic, exministro de Economía del régimen de Jeanine Añez, figura en los Pandora Papers vinculado a operaciones en paraísos fiscales.
Estos antecedentes explican, sin lugar a dudas, la férrea oposición de estos sectores a cualquier iniciativa legislativa que busque mayor transparencia financiera. La pregunta que queda flotando en el aire es evidente: ¿realmente les preocupa el desarrollo económico del país, o simplemente buscan proteger sus privilegios y mantener abiertas las puertas de los paraísos fiscales?
El artículo 11 del proyecto establecía que estos sujetos debían reportar operaciones sospechosas o sin justificación técnica.
Pese a estas explicaciones, el 11 de octubre de 2021, Camacho, junto a partidos de oposición, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y comités cívicos de varios departamentos, convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al proyecto de ley y en “defensa de la libertad”. A través de sus redes sociales, afirmó que la medida no era política, sino “en defensa de la gente”, y exigió también la liberación de Jeanine Añez, entre otras demandas.
El paro nacional se concretó y generó pérdidas estimadas en 112 millones de dólares en un solo día, en un contexto económico aún delicado que coincidió con otros ataques de sectores evistas aliados a la derecha, que minaron los primeros avances económicos del gobierno de Arce.
El 14 de octubre, el Órgano Ejecutivo decidió retirar el proyecto de ley para evitar una escalada de violencia alimentada por la desinformación, según explicó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Sostuvo que detrás de la campaña de miedo se escondía una intención de impunidad por los hechos de 2019.
Montenegro reiteró que la oposición buscaba defender a sectores de élite cuya riqueza no siempre tiene un origen claro. Finalmente, en diciembre de 2021, el proyecto fue archivado. Nunca llegó a sancionarse y, en el clima posterior a la abrogación de la Ley 1386, quedó paralizado formalmente.
Detrás de la campaña de desinformación, el abogado Williams Bascopé Laruta, el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas Arancibia, y el dirigente gremial Francisco Figueroa jugaron un rol protagónico.
Bascopé, exmilitante del MAS, fue parte del equipo técnico-jurídico del Conamaq y de la Cidob durante la Asamblea Constituyente. Más tarde aseguró que en 2019 no hubo golpe de Estado, sino fraude electoral, y se postuló como primer diputado plurinominal por La Paz en la sigla Juntos de Jeanine Añez.
Braulio Arguedas, representante del transporte cooperativizado de La Paz y parte de Concobol, nunca trabajó en interior mina. Fue uno de los líderes del sector en oposición y aliado del régimen de facto.
Francisco Figueroa, dirigente gremial, recibió apoyo de sucesivas gestiones municipales en La Paz —de Juan del Granado, Luis Revilla y ahora Iván Arias— y ha promovido protestas contra políticas del Órgano Ejecutivo.
INTENTO DE REPOSICIÓN
Con la lección aprendida, en febrero de 2023, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley 280, una versión revisada del PL 218–20. Mantenía una línea firme contra estos delitos, incorporaba el decomiso de bienes de origen inexplicable y reforzaba la persecución del financiamiento de armas no convencionales.
El proyecto fue aprobado en comisiones del Legislativo, pero los cívicos cruceños y otros sectores —nuevamente susceptibles y mal informados por algunos dirigentes— reaccionaron de inmediato. Señalaron erróneamente que la norma podría restringir el comercio de productos agrícolas o paralizar la actividad de pequeños emprendedores y replicaron el efecto polarizante que tuvo la Ley 1386.
Ante la amenaza de un bloqueo nacional en abril de 2023, el presidente Arce decidió retirar el proyecto para socializarlo con las organizaciones gremiales. En reiteradas conferencias de prensa, sus representantes reconocieron que, después de analizar la norma, comprendieron que no los afectaba. Empero, la politización en torno a estas iniciativas ya se había profundizado. Desde entonces, el PL 280 permaneció congelado, sin fecha de retorno a la Asamblea Legislativa, a la espera de una mayor aceptación social.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, denunció que actores de la derecha y grupos vinculados al contrabando, que se hacen pasar por dirigentes gremiales, difundieron afirmaciones falsas sobre el contenido del proyecto. “Queremos ser enfáticos y explicar con toda claridad ante el pueblo boliviano que hay personeros de la derecha y de grupos afines a los grandes contrabandistas que, haciéndose pasar por representantes del sector gremial, vierten una serie de mentiras en torno al tratamiento del proyecto de Ley 280”, afirmó con relación a las declaraciones del dirigente gremial Antonio Siñani.
Otra de las mentiras difundidas fue que la Ley 280 afectaría a gremiales, carpinteros o trabajadores por cuenta propia, al introducir supuestos nuevos delitos tributarios. Montenegro aclaró: “Eso es falso, porque todo lo relacionado a normativa tributaria debe tratarse en leyes específicas de ese ámbito. La Ley 280 no introduce nuevos delitos tributarios”.
Pidió al dirigente Siñani informarse adecuadamente y dejar de desinformar. “Hemos dado pruebas de que defendemos a los compañeros del sector gremial. Hemos promulgado la Ley 1455, de Protección al Sector Gremial, y creado el Fogagre”, recordó.
El Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) es un instrumento diseñado para respaldar créditos destinados a gremialistas, ya sea para capital operativo o de inversión, con una cobertura de hasta el 50% para operaciones de microcrédito y créditos Pyme.
El 17 de abril de 2023, como estaba previsto, una comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Bolivia en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, proceso destinado a supervisar los esfuerzos nacionales para frenar el lavado de dinero, la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
El equipo evaluador permaneció dos semanas en el país y sostuvo entrevistas con al menos 29 entidades públicas, 38 instituciones financieras y 23 no financieras. La misión informó que los resultados de la evaluación se conocerían en un plazo de entre 12 y 15 meses.
Pocos días después, Franz Apaza, director de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, alertó que si el equipo del Gafilat no veía avances concretos, Bolivia corría el riesgo de ser nuevamente incluida en la “lista gris”, lo que tendría graves consecuencias para el comercio internacional. A pesar de esa advertencia, las propuestas legislativas continuaron siendo obstaculizadas.
OTRO ESFUERZO
Con la urgencia de cumplir con las recomendaciones internacionales del GAFI, el Ejecutivo incorporó disposiciones específicas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 para adecuarse a los estándares. Pero, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), impulsada por legisladores evistas y de la oposición, anuló estas disposiciones a principios de 2024 y, una vez más, los esfuerzos fueron frustrados.
EN LA “LISTA GRIS”
Lo que el gobierno de Arce había advertido durante años se concretó el 13 de junio de 2025, el GAFI incluyó a Bolivia en la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia, conocida como “lista gris”. La decisión fue atribuida al boicot de grupos cívicos y políticos que alentaron paros y movilizaciones para impedir la aprobación de una ley esencial contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
La resolución se anunció en la reunión conjunta GAFI/Monemay efectuada en Estrasburgo, Francia. El motivo central: la falta de una norma que incorpore técnicas especiales de investigación, tal como recomienda el organismo.
No obstante, Bolivia cumplió más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue reconocido por la organización, según un comunicado oficial del Ministerio de Economía.
“Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por el GAFI, mediante acciones que deben desarrollarse dentro de un plazo razonable”, señala el comunicado. La principal tarea identificada es la aprobación de una ley específica, responsabilidad que recae ahora en el Legislativo.
“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso de seguir trabajando de manera técnica, coordinada y transparente para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”, concluye el documento.
NUEVO PROYECTO
En ese contexto, el 16 de junio de 2025, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un nuevo proyecto de ley que incorpora todas las observaciones técnicas desarrolladas por el GAFI. Su objetivo es avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
Montenegro —quien desde 2021 advirtió sobre el riesgo de regresar a la lista gris debido al sabotaje legislativo de sectores opositores— explicó que el nuevo proyecto subsana la ausencia de una normativa que contemple técnicas especiales de investigación, aspecto clave observado por el GAFI.
“Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, afirmó durante una rueda de prensa.
La “lista gris” no es solo un listado; es un llamado urgente a la acción. Montenegro hizo un enérgico llamado a la responsabilidad institucional de la Asamblea Legislativa: “El momento exige que se deje a un lado la politización y se priorice el interés del país. La aprobación de esta ley no puede esperar más; está en juego la credibilidad de Bolivia frente al mundo”.
Con este proyecto, el Gobierno nacional no solo reafirma su compromiso con la transparencia y la cooperación internacional, sino que pone a disposición de los legisladores todos los insumos técnicos para que puedan debatir y aprobar una ley que fortalezca el sistema financiero y proteja al país contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
AEP
