Las AFP iniciaron sus operaciones en el país en 1997 implementando un sistema de pensiones que se denominó de capitalización individual.
La Paz, 06 de abril de 2023 (AEP).- Las AFP Previsión y Futuro, que operan en Bolivia desde 1997, generaron en 25 años de administración utilidades por un monto de $us 224 millones, recursos que en gran medida fueron remitidos a sus países de origen.
“Entre 1997 y 2022, las utilidades que las AFP han generado como empresas llegaron por lo menos a 224 millones de dólares. Estas utilidades, naturalmente, en el marco de sus contratos, han sido repatriadas, han tenido un curso que en buena parte de los casos han ido en favor de las filiales, porque se trata de empresas transnacionales”, destacó en su momento el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán.
Las AFP iniciaron sus operaciones en el país en 1997 implementando un sistema de pensiones que se denominó de capitalización individual. Se prometió un nivel de rentabilidad de los aportes de los trabajadores de entre 10% y 11%; sin embargo, en 25 años el promedio fue de solo 2,5%, mientras las utilidades que se llevaron pasan los $us 20 millones por año.
El 9 de septiembre de 2022, la Gestora Pública, creada por mandato de la Ley de Pensiones 065, inició operaciones en la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, asegurando a los nuevos trabajadores y las empresas.
De acuerdo con Durán, entre septiembre y diciembre de 2022, la Gestora Pública logró 4,36% en promedio de rentabilidad de las pensiones, cifra mayor a la registrada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Hemos logrado una rentabilidad promedio, entre septiembre y diciembre de 2022, de 4,36 por ciento, que por un lado permite cumplir la promesa que hemos hecho de superar el 4 por ciento y por el otro lado es una rentabilidad mayor a la lograda por nuestros pares en el mismo periodo que se constituyen las AFP”, indicó
Explicó que entre el 9 de septiembre de 2022 y el 2 de abril de 2023 se registró a 30.965 personas aseguradas, de las cuales 22.512 son dependientes, 4.676 independientes y 3.787 consultores; además de 9.371 empresas.
“Hasta el momento, con todos los nuevos asegurados hemos recaudado 34,23 millones de bolivianos, ya se están recibiendo las cotizaciones y ya estamos invirtiendo, ya estamos generando rendimientos. En septiembre de 2022, nosotros habíamos calculado que en este primer periodo íbamos a tener una recaudación de 35 millones de bolivianos, eso ya prácticamente se está cumpliendo en forma previa al inicio de la administración total”, sostuvo.
Mencionó que entre 1991 y 2001 y el periodo 2002-2006, el 72% de la cartera estaba concentrada en instrumentos del tesoro (bonos del tesoro).
“Esto es porque la vieja Ley 1732 obligaba a las AFP a invertir al menos 180 millones de dólares y, que yo recuerde, en esa época no existía ninguno de los actuales críticos que decían por qué se está concentrando tanto dinero en manos del Estado. En cambio, actualmente, a 2022 únicamente, el 28 por ciento de la cartera total de inversiones está en instrumentos del Tesoro”, precisó.
Destacó que, como beneficio con la Gestora, se disminuirán las cuatro comisiones que actualmente aportan los asegurados a las AFP, es decir del 0,5% correspondiente a los asegurados, el 1,31% de los aportes de los jubilados, el 0,88% del fondo de riesgos y el 0,22% por la administración del portafolio.
“De esas cuatro comisiones se reduce únicamente a una, entonces los jubilados van a recibir un incremento en su líquido pagable del 1,31 por ciento en su pago de pensiones”, dijo.
La Gestora consolidó en 2022 utilidades por Bs 17,3 millones, monto que es superior a lo conseguido un año antes, en 2021, cuando se alcanzaron Bs 7,85 millones, lo que significa un incremento del 122%.
Las recaudaciones, hasta el momento, llegaron a Bs 29 millones, de cuyo monto existen hitos como enero, cuando se obtuvieron Bs 6,14 millones; en febrero, Bs 8,94 millones, y según el reporte preliminar de marzo, Bs 10,40 millones.
Otro logro es el incremento del patrimonio, que en 2021 alcanzaba a Bs 20,52 millones, mientras que en 2022 subió a Bs 38,42 millones, lo que evidenció un crecimiento del 87,23%.
Acerca del proceso de migración, informó que hasta el momento hay un 90% de avance, lo que quiere decir que toda la información relacionada con los aportes que han hecho los 2,5 millones de asegurados a las calificaciones de pensiones se está pasando al nuevo software de la entidad.
Durán resaltó que los aportes para jubilación están “garantizados” y son manejados de forma independiente a los recursos propios de la institución, por lo que descartó que sean destinados a otro tipo de gastos.
“Los fondos se manejan independientemente de los recursos propios de la Gestora, lo que garantiza su destino en inversión y manejo adecuado, no pudiendo, bajo ninguna circunstancia, destinarse a gastos operativos o administrativos de la empresa pública y menos para gastos del Gobierno”, manifestó.
En este sentido, remarcó que existen cinco candados que garantizan la seguridad y transparencia de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones del país.
Los candados consisten en que los patrimonios son autónomos; hay fiscalización y supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros; hay auditorías internas y externas; fiscalización de las organizaciones sociales y el público en general; y el ultimo es la cuenta individual de cada afiliado.
El pedido de referéndum de la UAGRM contradice la CPE
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo cumple con la Constitución Política del Estado (CPE), sin embargo el pedido de un referéndum respecto a la administración de esta empresa por parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) contradice la Carta Magna, aclaró el gerente general de la entidad, Jaime Durán.
El rector de la UAGRM de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, planteó un referéndum para que los aportantes decidan si sus recursos se deben quedar con la administración privada, que son las Administradoras de Fondos de Pensiones (APF), o pasen a la administración estatal, que es la Gestora.
“Al respecto, como Gestora, nosotros debemos ser muy claros indicando que esta propuesta de referéndum contradice la Constitución y la Ley 026 de Régimen Electoral del 30 de junio de 2010”, afirmó el gerente de la Gestora Pública en conferencia de prensa.
En esa línea, explicó que el numeral 16 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución Política señala que “es competencia exclusiva del nivel central del Estado boliviano el régimen de seguridad social”.
Además, la Constitución, en su artículo 45, establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado e indica que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.
El artículo 14 de la Ley 026 señala que “no podrá someterse a referendo entre otros las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado”.
“Se observa con claridad que este pedido de referéndum no estaría de acuerdo con lo establecido con la Constitución Política del Estado ni la Ley 026. Por lo tanto, se trata de una propuesta que no tiene base legal en tanto y en cuanto la Gestora está cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley”, insistió.
La universidad cruceña también señaló que el traspaso de la administración de las AFP a la Gestora Pública “estaría significando una suerte de confiscación, una suerte de que a partir de ahora el Estado dispondría de estos recursos libremente”.
“Yo quiero desmentir categóricamente estas afirmaciones y quiero recordar a los colegas universitarios que está vigente el artículo 6 de la Ley 065, que establece con absoluta claridad que cada uno de los fondos del Sistema Integral de Pensiones se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la entidad que los administra y solo pueden disponerse de conformidad a la presente ley”, dijo.
En este marco, Durán informó que la demanda de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) de igual manera contradice la CPE.
“Sorprende que la CUD esté haciendo un planteamiento que claramente contradice la Constitución Política del Estado, por cuanto lo que nosotros estamos haciendo es cumplir la CPE”, remarcó Durán.
