Los beneficiarios serán 1,4 millones de prestatarios con créditos de vivienda social, microcréditos y préstamos de unidades productivas pequeñas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó el proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos que, según su objetivo principal, evitará el cierre de pequeños emprendimientos y la pérdida de hogares por deudas bancarias impagas.
La norma fue aprobada en su versión inicial de Diputados sin las modificaciones realizadas en el Senado; su finalidad es brindar alivio y estabilidad a los sectores más vulnerables de la economía del país, informó la Vicepresidencia del Estado.
“Habiéndose comprobado con el voto afirmativo, queda aprobado el proyecto de ley conforme a redacción aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que queda sancionado, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, indicó el presidente de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, luego de la votación de los legisladores.
La norma denominada Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña es de carácter excepcional y temporal, y establece que, durante un periodo de seis meses desde su publicación, quedarán suspendidos los embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales relacionadas con créditos de vivienda social y créditos otorgados a micro y pequeñas unidades económicas.
“La iniciativa responde a la difícil coyuntura económica y social que enfrenta el país, marcada por fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y un entorno financiero complejo, que han afectado especialmente a microempresarios, pequeños productores y trabajadores por cuenta propia”, destacó la Vicepresidencia del Estado.
OBJETIVO
Según los datos, el objetivo central de la ley es proteger el derecho a la vivienda y la continuidad de las actividades económicas de miles de bolivianas y bolivianos, evitando el cierre de pequeños emprendimientos y la pérdida de hogares por deudas impagas. Sin embargo, la medida no implica una condonación, sino una suspensión temporal que permitirá reprogramar las obligaciones crediticias. Una vez concluido el plazo establecido, los prestatarios deberán retomar sus pagos conforme a los acuerdos con las entidades financieras.
Según cálculos del Ministerio de Economía, la ley plantea beneficiar a 1,4 millones de prestatarios, de acuerdo con el siguiente detalle: 100.071 en operaciones de créditos de Vivienda de Interés Social, 1.319.991 en operaciones microcrediticias y 12.960 en créditos a unidades pequeñas.
“Además de constituir un respiro para los prestatarios, la norma busca preservar la estabilidad del sistema financiero, evitando un incremento desmedido de procesos judiciales y ejecuciones que podrían agravar la situación económica general”, remarcó la Vicepresidencia.
AEP
