La aerolínea interpuso un recurso de amparo constitucional que fue admitido y será resuelto en una audiencia la próxima semana.
La Paz, 09 de agosto de 2023 (AEP).- El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Édgar Montaño, informó ayer que la solución en el caso de la aerolínea Amaszonas pasa por la conciliación entre privados. La compañía aérea dejó de operar desde ayer.
“La solución pasa porque concilie Amaszonas con la empresa propietaria de los aviones. En más de un mes no hemos visto acercamiento alguno. Es como si la aerolínea se estuviera apropiando de aviones que no son de su propiedad”, afirmó la autoridad ayer en conferencia de prensa.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que a partir de ayer, 8 de agosto, se retiraron las matrículas de los cuatro aviones que opera Amaszonas. La determinación se hizo en el marco del Convenio de Chicago, el Convenio de Ginebra, la Ley de Transportes y la de Aeronáutica Civil.
Posteriormente, también ayer, la aerolínea informó que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en contra de la DGAC, y que fue admitido. Además la misma sala ordenó de forma preventiva y temporal que la DGAC suspenda sus medidas hasta resolver el recurso el martes de la próxima semana.
Al respecto, la DGAC informó que la única forma de que se suspenda la medida tomada es con el contrato vigente de arrendamiento de las cuatro aeronaves, el que según sus datos se encuentra disuelto.
Al final de día, Amaszonas comunicó a sus pasajeros que canceló sus vuelos de la fecha debido a que la DGAC no suspendió la cancelación de sus matrículas.
“Queremos ratificar nuestro compromiso con las leyes internacionales y nacionales. Este problema de Amaszonas es un problema entre privados porque Amaszonas arrendó cuatro aeronaves y el arrendatario nos ha hecho llegar una nota sobre que se tendría una deuda de más de 17 millones de bolivianos, es un problema entre privados”, recalcó Montaño.
Además cuestionó la determinación cautelar de la sala constitucional debido a que esta pondría en riesgo la credibilidad del Estado.
