La Fundación Jubileo, el máximo dirigente de la COB y un analista político coincidieron en aplicar un cambio a la política social vigente en el país.
La Paz, 12 de junio de 2024 (AEP). – Desde varios sectores, entre ellos el máximo dirigente de la COB, un analista político y la Fundación Jubileo, coincidieron en que cambiar la actual subvención a los carburantes por una subvención diferenciada, que implica levantar la medida para grandes consumidores como la industria, la minería, entre otros, sería una opción acertada debido a la actual coyuntura del país.
La subvención a la importación de combustibles es una política social que permite abastecer de gasolina y diésel oíl al mercado interno a precios por debajo de su costo real, coadyuvando a mantener la estabilidad económica y precios controlados de los bienes y servicios que se consumen a diario.
Los principales derivados del petróleo son la gasolina y diésel oíl, combustibles utilizados en los procesos productivos, transporte de pasajeros y carga. Bolivia no es un país petrolero, por tanto tiene la necesidad de importar para abastecer el mercado interno para comercializarlo a un precio subvencionado.
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2024 comprende Bs 10.503 millones para la subvención a los hidrocarburos y alimentos.
Los criterios de eliminación de la subvención a los combustibles o al menos cambiarla a una subvención diferenciada surgen como una solución estructural al abastecimiento de combustibles en un contexto internacional en el que la media del precio de la gasolina, por ejemplo, se encuentra en $us 1,33 (aproximadamente Bs 9,31) el litro. La elevación del precio internacional también es influenciada, entre otras razones, por la guerra entre Rusia y Ucrania.
DIFERENCIADA
El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, afirmó que hay sectores en el país que efectivamente podrían contribuir “al momento difícil que el país está viviendo”, como el sector aurífero, que se beneficia de la subvención del diésel y ello implica, “digamos, sangrar el presupuesto del Estado”.
“Si ellos pudieran contribuir a apoyar el tema pagando los precios reales del costo de los hidrocarburos, sería muy importante, y así como esos sectores podríamos hablar de otros”, dijo Núñez a Ahora El Pueblo.
En su criterio, actualmente “hace falta apoyarnos entre todos” y que esta diferenciación en la subvención debería haberse aplicado por parte del Gobierno desde hace mucho tiempo.
“Creo que hay que hacer un llamado a sectores privilegiados porque pese a la crisis todavía siguen generando ingresos, vuelvo a insistir con el tema del oro, el tema también de sectores que de una u otra manera tienen un ingreso y que efectivamente eso les ayuda a paliar la situación. Pero no le vamos a pedir lo mismo a un compañero taxista o de un pequeño minibús, que tal vez es su herramienta y su fuente de trabajo de todos los días, a que tenga un alza tan gravitante al precio internacional”, indicó.
A su turno, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, calificó la subvención de combustibles como “una pelea fuerte” que sostiene el Gobierno.
“La pelea fuerte ahora es la subvención que nos está estrangulando.
Ese estrangulamiento de la subvención que sigue creciendo por las guerras que hay en Medio Oriente, en Rusia y Ucrania, cuando hoy más bien debemos de estar ayudando para poder, de alguna manera, seguir generando mayor ingreso para nuestro Estado, compañeros”, afirmó el dirigente ayer, en el acto por el aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), desarrollado en La Paz.
Agregó que se trata de una preocupación que no se debe dejar de lado, mucho menos desde el sector minero del país. “No podemos dejar de lado esa preocupación, no podemos descuidar más aún
como trabajadores mineros, porque nosotros seguimos siendo la vanguardia del país, la vanguardia de las organizaciones sociales de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, refirió.
En la misma línea, el especialista en comunicación política Carlos Saavedra afirmó que un posible cambio de la subvención no debe ser drástico, sino paulatino. “No se puede eliminar el 100 por ciento porque eso generaría definidamente un shock en la economía, y eso causaría consecuencias en la estructura social”.
De darse esa posibilidad, agregó, debe hacerse acompañado de un plan integral para evitar un impacto negativo en la economía. “Habría que ver cómo se puede, poco a poco, ir quitando sin que signifique un golpe dramático a la economía de las familias bolivianas; debe estar acompañado de un plan grande que pueda ayudar a que no se genere un caos en la economía nacional”.
Fuente: ANH
El Gobierno aplica medidas para el control y distribución de los carburantes
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de la normativa vigente de control y lucha contra el contrabando de combustibles, ejecuta al menos 11 medidas para la correcta distribución y comercialización de los carburantes en el país, y para evitar su salida a través del contrabando.
La normativa vigente más reciente para el control y lucha contra el contrabando de combustibles son los decretos supremos 4910 y 4911, aprobados por el Gobierno en 2023, para evitar que alrededor de 250 millones de litros de combustibles por año se desvíen a actividades ilícitas y así coadyuvar a que los sectores productivos como el agro, la minería y el transporte puedan adquirir mayores volúmenes de carburantes a precio nacional.
El Decreto Supremo 4910, en su artículo 1, indica que “tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolinas y/o diésel”.
En tanto, el objetivo del Decreto Supremo 4911 es brindar mayor fluidez, celeridad, transparencia y control en los trámites administrativos de competencia de la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC). “El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para realizar actividades lícitas con sustancias químicas controladas y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre las mismas”, se lee su artículo 1.
Un operativo de control que ejecuta la ANH. | Foto: ANH
MEDIDAS
Las acciones son la aplicación móvil ANH en tus Manos, habilitada desde diciembre de 2023; el GPS en los carros cisterna para monitorear el recorrido de los motorizados en el transporte de combustibles; la interoperabilidad de sistemas entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la DGSC y la ANH; la optimización de tecnologías en las estaciones de servicio (EESS), a través del B-SISA, y la implementación de cámaras de seguridad en estos puntos de venta; el límite mensual de 120 litros de combustibles en bidones; los colorantes de gasolina en frontera por parte de YPFB, que permiten dar una trazabilidad importante a la hora de incautar combustible; el control de salida de las cisternas de las plantas de almacenaje, también denominado RFID; los controles en línea de los volúmenes en EESS; controles de las mismas gasolineras; el marco normativo para la intervención de EESS, cuando incurren en el incumplimiento o interrupción del servicio de venta de carburantes; y el procedimiento para programación de suministro de combustibles en EESS.
