En los operativos se evidenció que algunos mayoristas no llegaban a destino en el mercado interno, sino a las fronteras para sacar esos productos vía contrabando.
El presidente Luis Arce no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado que establece luchar contra el agio y la especulación, por lo que esta demanda debe estar dirigida a la Asamblea Legislativa, recordó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
“Nos hubiera encantado conocer cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que ellos (empresarios, transportistas y gremiales) tienen para pedirle al presidente que derogue o abrogue esta disposición séptima, sabiendo que la Constitución no le da esa atribución. El presidente no puede derogar, abrogar, modificar o dejar sin efecto una disposición normativa con rango de ley, esa es una atribución de otro Órgano del Estado”, explicó Silva en una entrevista con La Razón Radio.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Empresarios, exportadores, agroindustriales y algunos gremialistas rechazan esta disposición y descartaron la posibilidad de participar en la reglamentación de la disposición, como propuso el Gobierno en una apertura de diálogo para resolver y aclarar dudas sobre este tema.
De acuerdo con Silva, con esta disposición todos los niveles de gobierno del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.
La decisión de incluir esta disposición en la Ley Financial responde a la exigencia de la población y de los sectores productivos al Gobierno de asumir medidas en contra del contrabando a la inversa que en 2024 provocó que el precio de distintos alimentos, como el huevo, el tomate, la carne de res y el arroz se incremente.
“¿Qué nos decían los propios industriales? ‘Nosotros estamos produciendo con normalidad, estamos distribuyendo con normalidad, pero no nos pidan que controlemos a los mayoristas, porque ellos, una vez que nos pagan, ya tienen la factura y deciden dónde y cómo venderlo’”, recordó Silva.
Pero, además, en los operativos se evidenció que algunos mayoristas no llegaban a destino en el mercado interno, sino a las fronteras para sacar esos productos vía contrabando.
“En ese contexto se plantea la necesidad dentro de la política económica de preservar y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Preservar y cuidar la economía de la población que estaba siendo afectada, y sigue siendo afectada por esta actividad ilícita que se comete”, argumentó Silva.
Durante un encuentro en Sucre en esta jornada, los sectores opuestos a la disposición amenazaron con ir a un “paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero” si hasta entonces no se deroga la disposición adicional séptima.
Ante la advertencia, Silva enfatizó que la disposición séptima no fue concebida para afectar al comerciante minorista, al productor o al industrial, sino para luchar contra el contrabando a la inversa.
Por ello, volvió a convocarlos a retornar a la mesa de diálogo para trabajar en el reglamento “y darles toda la seguridad jurídica que requiere el sector productivo, el sector del comercio minorista y poner candados que les dé esa certeza jurídica y a las instituciones del Estado, el respaldo normativo para que realicen los controles y fiscalización respecto a la comercialización de productos esenciales de la canasta familiar”.
Al igual que Silva, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, lamentó que los representantes de los sectores que se oponen a la disposición del PEG opten por medidas de presión en lugar de dialogar y reglamentarla.
Sobre la petición de derogarla, explicó que se presentó un proyecto de ley que lo propone y que éste será remitido a la comisión respectiva y una vez se cuente con informe será tratado en el pleno de la Cámara de Diputados.
ABI
