El viceministro Jorge Silva explicó a Ahora el Pueblo que la decisión de anular la disposición séptima es sólo atribución de la Asamblea Legislativa.

Se convocó a la CAO, a la Cámara Nacional de Industrias y Comercio y la Cámara de Exportadores de Bolivia para formar parte de la reglamentación de esta disposición.

Dos estaciones de servicio, en el norte de La Paz, pasaron a manos de la estatal YPFB luego de ser descubiertas desviando carburantes.

A través de su brazo operativo, el gobierno de Luis Arce alcanzó un nuevo hito dentro de las políticas de promoción y financiamiento para potenciar el desarrollo productivo.