Se trata de una “solución temporal”, para cubrir la demanda del 100% de los sectores productivos, entre ellos, el sector minero cooperativista que genera divisas con la exportación de minerales.
Sólo en 2024, por la importación de diésel y de gasolina, el Gobierno nacional pagó unos $us 3.350 millones para que el pueblo boliviano tenga los dos combustibles.