El financiamiento se da en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Rural y las comunidades cocaleras.
Las empresas y/o sociedades que no renueven sus matrículas hasta el 31 de mayo, serán depuradas y sujetas a ser fiscalizadas por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP).