Desde el año pasado, las organizaciones y partidos políticos adeudan al municipio más de Bs 5,9 millones que no son cancelados hasta la fecha.
Ante el reiterado incumplimiento de agrupaciones y partidos políticos para el pago de multas por propaganda electoral no autorizada en bienes de dominio público edil, la Alcaldía Municipal de La Paz envió una carta oficial al Tribunal Departamental Electoral (TDE). En el documento, se detalla un proceso de fiscalización que reveló un monto acumulado de Bs 5,9 millones, correspondiente a sanciones impagas desde el 2004.
Según el director de Actividades Económicas, Promoción de Inversiones y Turismo, Américo Gemio, estas deudas provienen de procesos sancionatorios aplicados por la colocación indebida de afiches, pancartas y otros elementos proselitistas en espacios públicos.
“Hasta la fecha, estas tiendas políticas no han cumplido con las obligaciones de gestiones pasadas, a pesar de haber sido notificadas”, advirtió el funcionario.
Las acciones de control y sanción están amparadas en la Ley Municipal Autonómica N° 092/2014, modificada por la Ley N° 096/2014, además del Decreto Municipal N° 023/2014, normativas que regulan estrictamente la difusión de propaganda política en áreas públicas como plazas, parques y muros, con el fin de evitar daños materiales y contaminación visual.
“Estas acciones se realizan en cumplimiento de la normativa vigente, que establece que toda propaganda electoral debe contar con autorización expresa”, precisó Gemio, y agregó que el uso indiscriminado de espacios públicos con fines electorales no solo afecta el orden urbano, sino que también distorsiona las condiciones de competencia entre organizaciones políticas.
La autoridad municipal recalcó que el objetivo de esta normativa no es obstaculizar el ejercicio democrático, sino preservar el patrimonio urbano y garantizar procesos electorales transparentes y equitativos.
Desde la Alcaldía paceña, se espera que el TDE actúe en el marco de sus competencias para instar a las agrupaciones políticas a regularizar sus deudas, y en caso contrario, se apliquen medidas correctivas o sancionatorias más estrictas. El informe enviado busca también fortalecer la coordinación interinstitucional en futuras contiendas electorales.
AEP
