La Comisión de Diputados aprobó la normativa, que también dispone de cuatro a ocho años de cárcel para los encubridores de violadores.
La Paz, 27 de mayo de 2023 (AEP).- La Comisión de Constitución de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que evita la impunidad en delitos sexuales hacia la infancia. Agrava la pena hasta 25 años de cárcel para violadores, y de cuatro a ocho años para los encubridores.
“Se ha modificado el artículo 171 del Código Penal con el siguiente texto: para encubridores (de violadores) será de cuatro a ocho años. También se ha hecho la modificación de los artículos 308 y 312 para delitos de violación, abuso sexual agravado con un quantum de la pena de 20 a 25 años”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, al concluir la aprobación en grande y en detalle del proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia, luego de que el diario El País, de España, reveló los casos de pederastia cometidos por el sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien abusó sexualmente a más de 85 niños y adolescentes, la mayoría en el colegio Juan XXIII, de Cochabamba.
De acuerdo con la Ley 348, el delito de violación es castigado con sentencia de entre 15 a 20 años de presidio, y cinco años por los agravantes.
Imprescriptibilidad
Con el proyecto de ley de impunidad, los delitos de abuso no prescriben en el tiempo.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó, en varias oportunidades, que esta propuesta tiene el objetivo de que las víctimas que sufrieron abusos hace 50, 60 o más años puedan acceder a la justicia. Dijo que se les garantiza una atención integral respecto al tratamiento psicológico, en salud y asesoría legal, entre otros.
Comisión
Dicho proyecto también dispone la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los ilícitos de pederastia cometidos por religiosos.
Estará integrada por varias instancias estatales, como los ministerios de la Presidencia, Justicia y Transparencia Institucional, y Gobierno; además de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.
