Desde 2011, el Estado Plurinacional es el único país en el mundo que elige mediante sufragio a sus máximas autoridades judiciales.
La Paz, 12 de junio de 2023 (AEP).- Desde la sanción de la Constitución de 2009, Bolivia es el único país del mundo que elige a sus 26 máximos magistrados en elecciones organizadas por el Órgano Electoral.
¿Qué llevó al país a asumir esta determinación? ¿Cómo fueron las experiencias de 2011 y 2017?
Desde 2011, Bolivia es el único país del mundo que elige mediante voto universal a sus máximas autoridades judiciales. La experiencia se repitió en 2017, con baja participación y boicoteada por la oposición, que acusaba al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de instalar a sus militantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Mientras en varios países los cargos en los máximos tribunales son vitalicios, en Bolivia cambian cada seis años. Las elecciones judiciales tienen que desarrollarse en 2023, pero la oposición recurrió a la justicia —a la misma que tilda de masista— para obstaculizar el desarrollo del proceso electoral.
Una reciente ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional abre la expectativa de que la votación se haga en noviembre de este año.
Según la Constitución de 2009, el mecanismo para seleccionar jueces es, a grandes rasgos, el siguiente: la Asamblea Legislativa abre una convocatoria para quienes deseen postularse. El Órgano Legislativo hace una preselección de candidatos, los cuales son derivados al Órgano Electoral para que concluya el proceso de selección mediante el voto universal, no obligatorio, explicó a Sputnik el abogado y analista político Gabriel Villalba.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, el MAS contaba con los votos de dos tercios de la Asamblea, compuesta por 166 asambleístas, para desarrollar la preselección. Este año, el oficialismo posee más de la mitad de manos alzadas, pero ya no tiene los 111 escaños requeridos para imponer su criterio sin necesidad de consensuar con la oposición.
Incluso, en la actual Asamblea el MAS dispone de dos corrientes: una leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra seguidora del ahora presidente Luis Arce. Esta novedad dificultó aún más el desarrollo del proceso electoral para la elección de las y los 26 jueces en los máximos cargos de este poder.
Participativa
Villalba destacó que la Constitución vigente pone a disposición “múltiples formas de participación de la población de forma directa para la toma de decisiones en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”.
El analista recordó que en las décadas de 1990 y 2000, “en la prensa se hablaba de la democracia pactada. Entre tres o cuatro partidos no solamente escogían al presidente y vicepresidente, también escogían de manera repartida a las autoridades del nivel judicial. Fue así hasta 2009”.
Quienes se postulan para jueces no deben ser necesariamente abogados. Muchos cuentan con la experiencia de ser autoridades en sus comunidades indígenas campesinas, donde en ocasiones también se ocupan de impartir justicia.
“Obviamente existe un reglamento para la postulación, así como requisitos establecidos por la Asamblea Legislativa, que es la representante de la población a través de diferentes fuerzas políticas”, explicó Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericano (Cenac).
Ley transitoria
El 28 de abril, el proceso de preselección de candidatos fue suspendido por el Auto Constitucional 186/2023 emitido por el TCP, en respuesta al recurso presentado por el diputado Leonardo Ayala, de Comunidad Ciudadana (CC).
El 1 de junio, el Senado aprobó la ley transitoria para destrabar el proceso y “garantizar elecciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.
La norma aprobada establece hasta 70 días para que la Asamblea preseleccione a las y los 96 candidatos. Asimismo otorga 120 días al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones.
La senadora de CC Andrea Barrientos sostuvo, durante la sesión que votó la ley transitoria, que la elección de jueces “no modifica ni cambia en nada la justicia”.
La parlamentaria reclamó una reforma profunda de la justicia, como exige la oposición desde hace meses. Una agrupación de juristas se dedicó a juntar firmas para obligar a la Asamblea a avanzar en este pedido. Pero solamente lograron reunir 800.000 suscripciones, muy por debajo de las 1,5 millones necesarias, según fija la Constitución.
